o alucino con la capacidad que tienen algunos para inventarse derechos nuevos, como el derecho a no entender (o hacer como que no entienden) cómo se abre un contenedor con tarjeta o con el móvil. Por supuesto que una parte de la población no está habituada a estas nuevas tecnologías, eso lo entiendo, pero la cerrazón de esos que sí saben suena más a boicot político o a pasotismo medioambiental.

Otro ejemplo de creatividad jurídica popular es el derecho a ser funcionario. Un derecho fundamental para algunos, por lo que consideran injusto y discriminatorio todo aquello que les impida o dificulte llegar a serlo. Esta es la razón por la que hay personas que creen que valorar el euskera en unas oposiciones supone un ataque a sus derechos básicos. No terminan de ver que trabajar en la Administración es aceptar que se trabaja para la ciudadanía y para ofrecerle a ésta el mejor servicio posible. El atender a las personas que lo deseen en euskera no es más que mejorar el servicio público. Y todo eso, evidentemente, hay que preverlo y organizarlo porque la atención en esta lengua no se puede dejar en manos del destino o hacer que dependa de la voluntad de los trabajadores bilingües y sus turnos de trabajo.

Lo que está claro es que cada cual interpreta eso del beneficio público a su manera. Como ejemplo ahí tienen a la alcaldesa del Valle de Egüés, que ha denegado el permiso a la comparsa para salir a recibir a la Korrika porque "no es una actividad que el Ayuntamiento considere de beneficio para la generalidad de los vecinos y vecinas" y en octubre de 2019, sin embargo, no le puso ninguna pega para acudir a un acto en el Campo de Golf de Gorraiz.