Empadronarse, un derecho

e llama Dikra, lleva dos años y medio en Navarra, y su caso se asemeja al de muchas personas inmigrantes a las que se les niega el empadronamiento o que tienen que pagar por ello. El empadronamiento es la llave que permite el acceso a otros derechos esenciales y prestaciones de carácter social o de salud como la tarjeta sanitaria, una beca comedor o la apertura de una cuenta bancaria. No poder empadronarse significa no poder demostrar el tiempo que llevan residiendo a la hora de cobrar, por ejemplo, la renta garantiza (mínimo dos años de residencia). A Dikra en Pamplona le ha ocurrido lo mismo que en Madrid, además de pagar el alquiler ha tenido que desembolsar 250 euros para estar inscrita en el padrón municipal. También Abdel conoce el laberinto del empadronamiento en los más de tres años que reside en Navarra. Si ya es imposible que siendo una persona extranjera te quieran alquilar una vivienda la opción que queda es recurrir a una habitación que, con empadronamiento incluido, no baja de 300-350 euros por un espacio de cinco metros además de sufrir todo tipo de abusos incluyendo restricciones en los suministros de agua y luz. Señala además en el vídeo que ha difundido por Youtube la Coordinadora Antirracista de Navarra que la fianza nunca la recuperas si decides cambiar de piso. La plataforma antirracista ha lanzado una campaña para denunciar todas estas situaciones que están marginando a muchas personas. Recuerdan que los municipios están obligados a empadronar a todas la persona que vivan en esta localidad independientemente de su nacionalidad, de si cuentan o no con un permiso de residencia, si son titulares de la vivienda o no tienen techo. Piden a las instituciones que adopten medidas para que personas sin hogar o sin documentación tengan vías alternativas como empadronarlas en infraviviendas, espacios colectivos y domicilios ficticios. Ningún ayuntamiento ni funcionario puede negar el empadronamiento mientras se demuestre el uso que se hace de una vivienda. La realidad es que se está negando este derecho, tal y como señalan los colectivos sociales, a personas en situación de extrema vulnerabilidad, especialmente inmigrantes sin papeles. Sin contar que muchas personas extranjeras que buscan mejorar sus condiciones de vida no tienen la culpa de que los propietarios o inquilinos de esas viviendas las realquilen por habitaciones a un buen número de personas y tengan miedo de dejar rastro en sus prácticas abusivas.