a semana pasada se aprobó, con el previsible voto en contra de Navarra Suma, la tramitación de la proposición de Ley de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en la Iglesia católica de Navarra, que posibilite el “ejercicio del derecho al reconocimiento” de estas víctimas para, “con carácter subsidiario frente a cualquier actuación de carácter penal o sancionador, incorporar a la memoria colectiva una realidad oculta e ignorada por la mayoría de la sociedad”. Esto, a Navarra Suma -que sí se mostró a favor de investigar y condenar-, no le gusto, ya que, según Javier Esparza, “esta Ley regula los abusos en sólo uno de los ámbitos, la Iglesia Católica, y creemos que habría que redactar otra Ley que tenga en cuenta los abusos en todos los ámbitos”. Ante este argumento, el Consejero de Justicia, Eduardo Santos, le replicó que “esa otra ley que reclamas se llama Código Penal y la aplica la Justicia en todos los casos no prescritos”. Lógicamente, la ley foral pretende ofrecer amparo a las víctimas de abusos en la Iglesia con casos prescritos y solo a través de herramientas así se puede llegar a compensar en parte el sufrimiento que durante mucho vivieron niños y niñas que tenían que convivir en situación de inferioridad con quienes en aquellos años ostentaban un poder que no ha vuelto a tener parangón en nuestra sociedad: maestros y maestras, muchos de ellos religiosos, que trataban a millones de alumnos -muchos internos-, cuya educación el Estado había derivado en colegios religiosos y que cuando se conocían casos de abuso solo se les cambiaba, a lo sumo, de destino. Esa especial situación, de sobra conocida, es la que hace que tenga que ser en ese ámbito donde se haga más hincapié. Navarra Suma, como acostumbra, lo único que pretende es diluir la responsabilidad de quien desde el minuto uno tendría que haber ofrecido toda su colaboración.
