La decisión de los socios de referencia del Gobierno de Pedro Sánchez –PNV, ERC y EH Bildu– de no presentar enmiendas a la totalidad es condición necesaria pero no suficiente para garantizar las cuentas de 2023. El precedente que hubiera supuesto posicionar a la mayoría de la investidura en el lado del no queda descartado de partida tras el diálogo mantenido hasta última hora. La negociación deberá continuar ahora, pero se habilita la estabilidad del diálogo. De las tres fuerzas, el PNV ha explicado con acuerdos tangibles su disposición a seguir negociando contenidos expresos del proyecto de ley; ERC ha enumerado algunas de sus prioridades –de la que ahora, siquiera puntualmente, ha descolgado la reforma del delito de sedición– y EH Bildu ha pasado de puntillas sobre los contenidos de su agenda de negociación, aunque ha dejado claro que renuncia a enmendar a la totalidad con la expectativa del diálogo abierta. En este sentido, la reactivación de inversiones y ejecución presupuestaria del Estado en los territorios forales constatada recientemente, junto con la expectativa de acuerdo cercano en alguna transferencia pendiente abren la puerta a negociar en las propias partidas presupuestarias con afectación a Navarra –con el añadido de la presencia en el senado de Geroa Bai con su propia capacidad de negociación–, y la CAV. No obstante, el más significativo de los acuerdos alcanzados en este punto del diálogo es la renovación de la metodología de cálculo del Cupo. Es sistema de cálculo negociado hace cinco años con Cristóbal Montoro (PP) se mantendrá para el período 2022-26, lo que aporta una garantía jurídica que empezaba a quedar afectada toda vez que la prórroga anual del sistema siempre es un riesgo en tiempos preelectorales. En este sentido, la Aportación derivada del Convenio de Navarra, que también está prorrogada desde hace dos años, igualmente resultaría conveniente al Gobierno de Chivite resolverla ahora que en Moncloa y en el Palacio de Navarra hay sintonía política ante el riesgo de cambios en sus interlocutores del Estado. De nuevo, el Ejecutivo foral está más pendiente de acompasar las necesidades propias de Navarra y a adecuar las capacidades de su autogobierno –transferencias ya pactadas como Tráfico o el Ingreso Mínimo Vital siguen pendientes de hacerse efectivas–, a los compases de Madrid. Navarra también debe y puede priorizar una agenda propia en función de sus intereses generales aprovechando la cercanía política actual con el Gobierno de Sánchez.