El Tribunal Constitucional eludió ayer el bochorno que buscaba el recurso del Partido Popular para impedir la votación de la reforma orientada a desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC). Con una decisión técnica, aplazando su pleno decisorio al próximo lunes, desactivó un precedente difícilmente explicable al actuar preventivamente sobre la capacidad de adoptar decisiones por parte del Poder Legislativo, desbordando las funciones que le competen. No se evitó, sin embargo, que la sesión en el Congreso estuviera plagada de gritos, burlas y actitudes parvularias de los diputados que mueven al bochorno.

Esta efervescencia entretiene pero redunda en el deterioro de la credibilidad de las instituciones por el comportamiento de quienes las representan y bajo el que se oculta un maremoto de consecuencias preocupantes. Adquiere visos de realidad la denuncia de soslayar la acción legislativa que compete al poder depositario de la soberanía ciudadana –el Legislativo– mediante la intervención del Judicial. Este está encomendado a garantizar la legalidad normativa pero no a impedir su desarrollo, por lo que no debe interponerse en el procedimiento democrático de aprobación. Incluso aunque este se valga de incluir enmiendas, como la renovación del TC, en leyes no directamente enfocadas a la función que van a desempeñar –práctica generalizada en el parlamentarismo europeo– lo que no cabe es suplantar las mayorías legitimadas en las urnas por la judicialización sistemática de sus decisiones.

Más aún si lo que se busca es evitar que se adopten y no medir la constitucionalidad de su letra. Al Constitucional le hace un flaco favor esta estrategia de la oposición española. Lo somete, en una situación de interinidad indefendible, a confrontación con el Ejecutivo y el Legislativo para prolongar una situación que imposibilita su renovación. El mero interés político del PP impide aplicar el sentido último de la norma que demanda actualizar las instituciones judiciales aportándoles la misma renovada legitimación que ya reciben las legislativas cada vez que su composición se adapta a la voluntad expresada en las urnas. La estrategia del PP es la confesión de una afinidad ideológica de las mayorías en órganos judiciales que no quiere perder y redunda en el desgaste del Poder Judicial.