El Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde la reforma del Código Penal con los votos de la mayoría de investidura, tras una jornada de alta tensión e incertidumbre debido al pleno del Tribunal Constitucional en el que éste debatía la petición del PP de paralizar la votación en la Cámara de forma cautelarísima. Finalmente, el TC ha aplazado la decisión al lunes, con lo que la iniciativa ha podido ser consumada en el hemiciclo, con 184 a favor, 64 en contra –hay que tener en cuenta que muchos diputados de la derecha y ultraderecha optaron por no votar– y solo una abstención.
En resumen, las instituciones españolas han asistido a un choque durísimo y de tintes surrealistas entre dos poderes del Estado, el legislativo y el judicial. Y es que los jueces del Tribunal Constitucional han estado cerca de abrir una grave crisis institucional al debatir la paralización de la votación en el Congreso de los artículos relativos a los cambios en el funcionamiento del propio TC y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Finalmente, el presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha tomado la decisión de compromiso de aplazar al próximo lunes el pleno que se estaba desarrollando, lo cual supone que el tribunal no podrá ya frenar cautelarmente la iniciativa legislativa, ya que esta fue ha sido aprobada en el hemiciclo y la decisión de la Cámara Baja no se puede revertir. El debate y votación, por su parte, se ha desarrollado por la tarde con relativa normalidad y la reforma ha prosperado con los votos del Gobierno y de los grupos de la mayoría de investidura.
Ahora, aunque el Constitucional estime la próxima semana que el recurso del PP estaba justificado, la votación en el Congreso no tiene marcha atrás y no habría hueco ya para una medida cautelar. Por tanto, los recursos que puedan darse a la reforma del Código Penal serán los habituales de inconstitucionalidad que suelen resolverse a medio o largo plazo.
Lo que ha quedado en evidencia a lo largo del día es que existe una brecha entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la mayoría del Poder Judicial que va más allá de un mero choque y se ha convertido en una auténtica guerra por el control de los resortes de los órganos constitucionales y del Estado español en general.
Un enfrentamiento abierto espoleado por el PP y Vox, con la complicidad del sector conservador de la Justicia, mayoritario todavía en el Poder Judicial debido al eterno bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales. Así las cosas, la magistratura se ha convertido en un auténtico contrapoder a manos de una derecha política que, a pesar de su minoría parlamentaria, trata de sortear la soberanía popular valiéndose de la Justicia para sus fines y objetivos.
Crisis constitucional
Con todo ese cóctel, el Estado español afronta una crisis constitucional inédita que, aunque ha estallado ahora con la reforma del Código Penal, se venía fraguando desde hace años; en concreto, desde los cuatro en que el Poder Judicial viene operando en funciones debido al bloqueo en su renovación por parte del PP y la magistratura conservadora.
Y hoy se ha mascado la tragedia en la relación entre los poderes del Estado, ya que, de haber estimado el Constitucional las medidas cautelarísimas que demandaba el PP, se hubiera sentado un grave precedente de injerencia del Poder Judicial en el legislativo –en 40 años nunca se ha dado el caso de que un tribunal frene una ley todavía en trámite–.
Al final, los jueces del TC han optado por una tregua y han dejado que tuviera lugar la votación, en un pleno en la Cámara Baja de carácter muy tenso y que la derecha y ultraderecha han pedido suspender hasta el último minuto. La presidenta de la Mesa, Meritxell Batet, ha rechazado las peticiones, dando inicio a una sesión que se ha desarrollado en un ambiente de grandísima crispación entre bloques.
