Subasta electoral

La campaña electoral que comienza mañana ha tenido un larguísimo aperitivo de anuncios y promesas que no es que rocen sino que sobrepasan lo caricaturesco. Estamos a un cuarto de hora de esos candidatos populachero latinoamericanos que entregan una sandwichera o un microondas a cambio del sufragio. No me digan que lo de regalar el Interrail a jóvenes de ¡hasta 30 años! e independientemente del tamaño de sus bolsillos o los de sus familias por parte de Sánchez no entra de lleno en el bochorno. Claro que palidece ante los varios compromisos de Podemos, que van desde crear en Madrid un llamado Instituto Municipal de Cuidados para que —palabras textuales de la candidata, Alejandra Jacinto— “las mujeres encuentren un rato para ir a la peluquería” a instaurar una empresa pública de entrega de comida a domicilio que dé el mismo servicio que Glovo y similares, solo que en “condiciones justas”, ejem, para los repartidores.

Productos más baratos

Las chanantes iniciativas de la cabeza de lista morada para la capital del reino no dejan de ser el anticipo de la fastuosa ocurrencia que dio a conocer la lideresa nominal del partido y ministra de Derechos Sociales del Gobierno español, Ione Belarra. Desde luego, la filosofía es la misma, solo que corregida y ampliada nada menos que al sector de la distribución. Se trata, ¡tachán!, de poner en marcha una cadena pública —o sea, financiada por los que pagamos impuestos por convicción y porque no sabemos escaquearnos— de supermercados. se llamarían “Precios justos” en atención a su objetivo, que no es otro que “ofrecer productos más baratos a la ciudadanía de un modo que sirve como eficaz palanca para crear empleo de calidad”.

Alguien sale palmando

Las versiones más benévolas sostienen que Belarra ha descubierto los economatos (algunos más paternalistas que otros) que existen desde finales del siglo XIX. En realidad, lo que ha demostrado la ministra es que no tiene ni pajolera idea de cómo funciona el sector. Es metafísicamente imposible cuadrar el círculo de los precios (o sueldos) justos para productores, transportistas, trabajadores y consumidores, por citar solo algunos de los agentes que, aunque la ministra no lo sepa, hacen posible que un kilo de patatas o un litro de leche lleguen del campo a nuestra cesta de la compra. Y si al final resulta que los tomates de mi ensalada me han salido por un precio menor del que ha costado producirlos, transportarlos y colocarlos en el lineal, es que se está explotando a alguien. Salvo, claro, que la diferencia la aporte yo mismo de mis impuestos.