La vivienda es el quinto problema que preocupa a la población, después del paro, la sanidad, la crisis económica, los problemas vinculados con la calidad del empleo y de índole económica, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Destaco esta inquietud social porque si de algo ha servido la nueva Ley estatal de Vivienda, al margen de otras controversias como la invasión competencial y de las críticas de los movimientos de defensa del derecho a la vivienda, es porque ha servido para resucitar en la opinión pública el debate sobre los altos precios de los alquileres y el control sobre los desahucios ante la actual crisis. Imponer límites a las subidas de alquileres es a mi juicio una medida necesaria que, además, se podrá controlar en Navarra a través del registro obligatorios de alquileres de pisos que acaba de activar el departamento de Vivienda. Y con pisos a 10,2 euros el m2. Vivienda que, por otro lado, se ha utilizado como valor seguro a falta de intereses en las cuentas bancarias.
No hay más que ver lo que cuesta alquilar un piso o un local en cualquier punto de Pamplona y Comarca. Los beneficios son altos. En este sentido el pasado fin de semana conocíamos los datos de los 56.000 rentistas particulares que tiene Navarra, personas que declaran (es decir, no estarán tod@s) ingresos procedentes del alquiler de una vivienda, un local, un garaje, trastero o una tierra que completan salarios o pensiones, y que percibieron el año pasado más de 165 millones en rentas. Se trata de un 20% más que hace una década lo que indica que cada vez son más los pequeños y medianos ahorradores -al margen de empresas y fondos buitres o bancos que han entrado en el mercado inmobiliario- que invierten en vivienda aunque es cierto que solo un 1% de la población que paga IRPF (unas 6.000 personas) viven únicamente de las rentas. Rentistas que, en cualquier caso, ven mucho más atractivo alquilar su vivienda en el mercado libre. De ahí que tenga mérito que haya al menos mil propietarios que hayan confiado en Nasuvinsa para arrendar su vivienda vacía a un precio menor, y generar con ello un beneficio social atendiendo una realidad de verdadera necesidad en la que miles de personas demandan una vivienda en alquiler con rentas medias o bajas, ni siquiera tiradas. Sólo aquel que tiene dinero puede comprar su propia casa. El resto sigue presionando sobre un mercado del alquiler colapsado que dispara los precios. Como reconocen desde el sector inmobiliario, ninguna medida va a conseguir frenar los precios si no aumenta la oferta de vivienda “a precio asequible” pero crear un parque público es una tarea a largo plazo, al menos a 20 años. Durante años de gobierno regionalista el 80% de la escasa vivienda protegida que se construía era en propiedad, por no hablar de que se descalificaron más de mil VPO para su venta. Se ha logrado multiplicar por diez la oferta de VPO y VPT desde 2015, se han construido desde el Ejecutivo foral 520 pisos en alquiler y se acaba de lanzar otras 810; se han activado ayudas para jóvenes y familia... y todavía hay colas. Por eso hay que seguir construyendo vivienda protegida en alquiler. Aviso para el 28M.
