El 26 de septiembre se celebra el Día Europeo de las Lenguas. Con esta fecha, escogida por la Comisión Europea en 2001, se pretende festejar y valorar la diversidad lingüística del continente. En Europa existen algo más de 200 idiomas –24 de ellos con carácter oficial en el entramado de la UE–, entre ellos el euskera. En el caso de esta lengua navarra, la complejidad de las amenazas que sufre el euskera y, con ello sus hablantes que ven menoscabados sus derechos, dificulta la búsqueda global de soluciones en la Comunidad Foral. Todas las lenguas, y en especial las minorizadas, como patrimonio común, deben contar con una especial protección de carácter legal e incluso constitucional que garantice su uso, impulso y normalización en todos los ámbitos, y fundamentalmente en la educación. El compromiso de miles de navarras y navarros en apoyo de su idioma y su activa actitud en el fomento de su uso deben forzar el necesario blindaje jurídico que impida que interpretaciones sesgadas, uniformizadoras y discriminatorias sigan vulnerando derechos. De hecho, fue para proteger los derechos lingüísticos de sus hablantes y evitar la enorme pérdida patrimonial que conllevaría la desaparición de estos idiomas minorizados, que en el año 1992 se aprobó la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, que los diferentes estados miembros han ido ratificado a lo largo de los años (España lo hizo en 2001). Con la firma de esta Carta, los diferentes países se comprometen a proteger y promover todas las lenguas que se hablan en un territorio, aunque no sean oficiales.
Esa realidad institucional, social y política europea vuelve a poner en evidencia las falsedades de la campaña de manipulación social llevada a cabo desde hace años y desde diversos sectores políticos contras las lenguas cooficiales en el Estado, contra la inclusión ahora del euskera, el gallego y el catalán como lenguas de uso en los debates parlamentarios del Congreso y el Senado y contra la propuesta de su oficialización también en el marco de la UE. En el caso concreto de Navarra, la normativa europea cuestiona los constantes ataques, recortes y falsas acusaciones que sufre el euskera, lenguas propias de Navarra, pos esos mismos sectores políticos y también por determinadas sentencias judiciales. También cuestiona la escasa o nula sensibilidad de esos sectores hacia el euskera y el cúmulo de bulos lanzados a la opinión pública para enfrentar a unos navarros con otros que choca jurídicamente con los compromisos legales del Estado español con la legislación europea, de obligado cumplimiento también para las comunidades autónomas, en materia de lenguas minorizadas. Por segunda Legislatura, el Gobierno de Chivite tiene otra oportunidad para avanzar en positivo hacia un amplio consenso político y social en favor de un mayor compromiso con esta lengua en todos los ámbitos de su normalización. Hay votos de partida suficientes y debería trabajarse para ampliar esos votos y ese consenso y abordar las reformas legislativas que asienten ese camino, incluyan las medidas que plantea Europa y saque definitivamente al euskera de la batalla política y de su judicialización sistemática. Lo escribí hace unos años, pero poner fin al escenario de confrontación y apostar por un nuevo impulso del euskera desde la voluntariedad, la progresividad y la pluralidad debe ser una responsabilidad democrática ineludible del Gobierno de Navarra.
