¿Quién pone en riesgo el Estado de Derecho y la democracia?

Ya tardaban los jueces nombrados por el PP en el Consejo General del Poder Judicial y la asociación conservadora de la magistratura en volver a ocupar su puesto mediático en el debate político. La nueva ofensiva contra el Gobierno de Sánchez y contra la mayoría democrática que lo sustenta ha cogido esta vez la Ley de Amnistía como excusa. Pero si no hubiera sido cualquier otro tema. Dice ese grupúsculo de ocho magistrados que la aprobación de esa ley supondrá poner punto final al Estado de Derecho. No es verdad. Sus proclamas políticas e ideológicas nunca se ajustan a la verdad ni a la realidad. Son simplemente una sucesión constante de pronunciamientos amenazantes siempre con el mismo sesgo político afín a las posiciones del PP y de Vox en el debate público. Además, esos ocho magistrados carecen de la legitimidad democrática mínima para seguir ocupando unos puestos que debieron abandonar por mandato constitucional hace ya cinco años. Sin embargo, ellos, un ejemplo palmario del concepto político de casta, siguen aferrados a sus sillones, sus salarios y las prebendas de todo tipo que les supone la pertenencia a ese órgano de gobierno de los jueces.

El Consejo General del Poder Judicial sufre una anormal e irregular situación de interinidad y bloqueo por la negativa del PP a perder el control político que impuso en tiempos de la mayoría absoluta de Rajoy en 2013. Es decir, ocupan unos cargos y unos puestos que legalmente no les pertenecen e incumplen desde hace años la misma Constitución –lo que habitualmente es una ilegalidad–, con la que se les llena la boca, pero a la que no hacen caso alguno cuando sus artículos chocan con sus intereses personales y políticos. Es esa actitud de saltarse la división de poderes y los procedimientos legislativos democráticos para agitar el discurso político la que realmente devalúa el Estado de Derecho. Esa o la llamada constante de Aznar –un mentiroso compulsivo de libro–, y otros dinosaurios de la vieja política española a la algarada y el golpismo antidemocráticos.

La politización de la justicia y la judialización de la política son dos pesados lastres para la credibilidad del Estado de Derecho y de la imparcialidad de la judicatura. Y esos ocho magistrados, en un estado de amotinamiento desde hace cinco años, son el paradigma. La aprobación de la Ley de Amnistía es una prerrogativa del Congreso, como todas las leyes, y será a partir de ahí cuando se abra el camino para poder recurrirla ante el Tribunal Constitucional, que será el órgano que en todo caso deberá pronunciarse sobre su constitucionalidad. Ni siquiera se molestan en disimular. Han acabado impregnando todo, también la credibilidad e imparcialidad de la justicia. Perdidas hace ya tiempo las mínimas formas en el respeto a las reglas de juego político democrático y a las bases de la separación de poderes de cualquier sistema parlamentario digno, la ideología campa a sus anchas en esa parte de la judicatura. Ya digo, en efecto es esa actitud obstruccionista y alarmista constante la que está poniendo en riesgo la democracia y los principios constitucionales de una justicia independiente y garantista, esto es todo el marco fundamental del Estado de Derecho. No la Ley de Amnistía que pueda aprobarse con una amplia mayoría democrática en el Congreso.