El acuerdo entre ERC y el PSOE que garantiza a Pedro Sánchez los votos de los diputados del partido catalán en su investidura contiene una medida que afecta al equilibrio fiscal de las administraciones y cuyos efectos deberían ser universales. La condonación del 20% de la deuda de Catalunya con el Estado ha sido motivo de crítica y dado lugar a la decisión de ampliar la medida al conjunto de las Comunidades de régimen común. Esto dará lugar a que todas ellas se beneficien de una quita equivalente de lo que deben al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que es el procedimiento de endeudamiento con el Estado de 15 de las 17 autonomías.

Con independencia de que no está claro si habrá modo de compensar a la única que no tiene que restituir préstamos al FLA, que es Madrid, lo que queda en evidencia es la necesidad de que se contemple un mecanismo adicional que permita aligerar de modo equivalente su propia deuda a las comunidades con régimen fiscal propio, Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco. En virtud de su sistema de responsabilidad fiscal individual, que en boca del discurso más populista sigue calificándose de privilegio por parte de administraciones y partidos españoles, Navarra y la CAV afrontan con sus propios recursos las necesidades de gasto público sin recurrir a la financiación del Estado. Así, mientras comunidades como la Valenciana se financian a cuenta del bolsillo común parte de una deuda que supone el 44% de su PIB –Catalunya y Castilla y León un 33% o Murcia un 32%– CAPV y Nafarroa afrontan por sus medios una deuda equivalente al 13,7 y el 14,1% de su PIB, respectivamente.

El agravio real se entiende mucho mejor cuando se valora que, a través del Cupo y el Convenio, se paga desde los territorios forales una parte de los intereses de la deuda del Estado; de la emitida en el pasado para financiar también a esas autonomías y de la que deba afrontarse en el futuro para el ajuste contable de la condonación. En consecuencia, la espita abierta debe cerrarse del único modo posible: con un mecanismo de compensación equivalente a la ciudadanía de Navarra, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa que reduzca la presión de la deuda ajena sobre sus cabezas. Lo contrario sería una ruptura de la corresponsabilidad fiscal entre administraciones.