La reapertura del debate sobre el traspaso del modelo de gestión de la Seguridad Social desde las competencias del autogobierno a la CAV tiene que tener también su propio recorrido en el autogobierno foral de Navarra. Ese traspaso, que debe negociar ahora la nueva ministra de Seguridad Social, la navarra Elma Saiz –lo que debiera hacer más fácil el acuerdo–, se basa en consolidar un sistema propio de carácter mixto con el Estado y actualizaría una reclamación política unánime que el Parlamento foral demanda desde hace años en cumplimiento del Amejoramiento del Fuero.
En este sentido, no es una cuestión partidista por más que haya sido el acuerdo entre el PSOE y el PNV para la investidura de Sánchez y el apoyo al nuevo Gobierno la razón de que se reavive ahora el debate, sino una exigencia política general. Y menos aún una cuestión de agenda abertzale o identitaria, sino una reclamación de autogobierno foral votada y defendida por toda los partidos que conforman ahora el Gobierno de Chivite y también desde UPN a la izquierda abertzale con argumentos jurídicos y competenciales. Basta repasar las actas del Pleno del Parlamento en las diferentes sesiones en que se ha abordado esta reclamación legítima y legal y las intervenciones de los partidos navarros que han apoyado por el traspaso de esa competencia.
La transferencia de la gestión de la Seguridad Social no rompe la Caja Única, sino que cumple los compromisos políticos pactados entre el Estado y Navarra en el Amejoramiento de 1982, transferencia que el Gobierno central no ha cumplido casi 42 años después. Es decir, se reclama el cumplimiento de la ley, al margen del carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social, que su gestión por Navarra o por la CAV no pone en duda, desde los principios de solidaridad y de viabilidad. Una solidaridad garantizada por el concepto de Caja Única en el Estado y por el propio desarrollo democrático del régimen foral –basta repasar la aportación anual de Navarra al Estado–, y una viabilidad que la gestión propia de Navarra de su sistema de pensiones pone a salvo del asalto político, económico e ideológico que el PP y los lobbies financieros vienen intentando contra el Fondo de Pensiones de la Seguridad Social para abrir la puerta al negocio de la privatización de miles de millones de euros.
La adecuación de las pensiones públicas a este siglo XXI y a un modelo propio de gestión exige remodelar sus vías de financiación y de organización, incluida la descentralización, y pretende garantizar un sistema sostenible y universal para los navarros y navarras al margen de los vaivenes socioeconómicos del futuro. Lo que está en juego es un debate de fondo sobre la personalidad política de Navarra y sobre la construcción de un modelo social, económico y fiscal de prioridades presupuestarias, redistribución de la riqueza y cohesión social adecuado a los retos de este tiempo presente a través de los instrumentos del autogobierno. Más aún cuando el Amejoramiento, obsoleto para las actuales necesidades y demandas de la sociedad navarra, tiene más de 20 transferencias pactadas con el Estado hace más de 40 años sin ceder a Navarra.
