Construir un parque público de vivienda asequible lleva tiempo. Y, aunque Navarra lleva ventaja respecto a otras comunidades –comenzó antes y tiene claro que esta debe ser la apuesta principal–, los números muestran que el avance es lento y la inversión pública, limitada. Los 122 euros por habitante de 2022 suponen una tercera parte de lo que se invierte en infraestructuras, una quinta parte de lo que se aporta a los servicios sociales o al pago de la deuda y solo un poco más de lo que se invierte en cultura. ¿Es la vivienda una prioridad? Hasta cierto punto, podríamos decir.
Los números muestran también otras cosas. El suelo sigue suponiendo un porcentaje muy elevado del precio final de la vivienda, cuyos costes de construcción rondan los 140.000 euros. Intervenir en esta materia prima, facilitándola a quienes deseen promover vivienda pública, debe ser uno de los cometidos del Gobierno de Navarra. Emplear espacios actualmente calificados como dotacionales puede ayudar, pero difícilmente va a resolver el problema, que pide medidas de mayor calado.
Es necesario invertir y nutrir partidas presupuestarias del Departamento que languidecen desde hace años. Y, si no se quiere aumentar la deuda ni subir impuestos, es el momento que tomar decisiones y priorizar. Porque dinero en las arcas públicas hay. Basta con repasar algunas de las decisiones de personal y estructura tomadas en los últimos meses.
Las estadísticas cuentan además otra historia. La demanda de alquiler es alta y ha crecido muchísimo desde 2008. Pero responde sobre todo a la incapacidad de hacer frente a una compra, la aspiración mayoritaria de la ciudadanía, por parte de un número creciente de personas. Dicho en crudo y simplificando: alquila quien no puede comprar. Basta mirar el patrimonio de los miembros del Gobierno de Navarra: todos poseen al menos una vivienda. Y alguno de ellos, dos.
El ladrillo sigue siendo, mal que nos pese, una forma de ahorro para miles de familias abocadas de lo contrario a pagar alquileres que duplican una cuota hipotecaria. El censo de Nasuvinsa muestra que el número de solicitantes de vivienda en propiedad crece con fuerza, mientras que la oferta pública escasea. No ha sido la apuesta en los últimos años, pero es una demanda ciudadana clara, a la que convendría ofrecer una respuesta para no favorecer aún más el inmenso trasvase de rentas que genera el mercado.
Transitar por este camino requiere inversión y decisión política. Es necesario lograr financiación, pero no existe ya una banca pública local a la que recurrir, y la legislación no propicia, precisamente, la implicación de la privada. Resulta sintomático que uno de los proyectos de VPO en alquiler haya sido financiado por la Fundación Caja Navarra como parte de su obra social. Sin un fuerte impulso público sostenido en el tiempo no será posible avanzar.
