La brecha entre lo que las familias destinan a pagar el techo en el que viven y lo que las Administraciones invierten en políticas de vivienda resulta inversamente proporcional. El Gobierno de Navarra apenas destina el 0,3% de su PIB a vivienda pública y ello pese al esfuerzo realizado en los últimos años. El año pasado se invirtieron entorno a 80 millones en esta materia, una cifra inferior a la de, por ejemplo, seguridad ciudadana (110 millones) sin comparar con los 1.300 millones que se lleva Salud. Si tenemos 14.000 personas demandantes sobre todo en alquiler pero también vivienda en propiedad a un precio asequible la prioridad está clara.
Y esos recursos deberían formar parte del escudo social. Somos uno de los países de la UE donde más porcentaje de ingresos se dedica a la vivienda (43%) y, en el caso de Navarra, el 40% del sueldo bruto cuando los organismos de control europeos aconsejan el 30%. Sin embargo, nuestro país tiene menos de una vivienda social por cada 100 habitantes, lejos de las cuatro de la UE (10,3 en Austria). Los salarios no crecen al mismo ritmo que las viviendas sino que el precio medio del alquiler se encuentra en su nivel máximo histórico, y la subida de los intereses no ayuda a la compra. Ni siquiera los topes a los precios de los alquileres van a ser suficiente sino se empieza a impulsar una gran bolsa de vivienda pública quizás con financiación europea. Porque al paso que vamos a tener que construir nuevos albergues y no solo para homeless. El invierno viene frío.
