Se acaba de conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha de celebración por los derechos alcanzados y también para recordar que hay muchas personas que todavía carecen de ellos. A los gobiernos y a las instituciones se les llena la boca con el término derechos humanos estos días, aunque la realidad sea otra. Mucho más oscura. En este tiempo, el incumplimiento sistemático y la tendencia política al olvido de aquella Declaración Universal de 1948 es lo más significativo. El día a día está lleno de situaciones que confirman ese deterioro con la complicidad política internacional. Es el caso de la histórica activista saharaui por los derechos humanos Aminetu Haidar, quien acaba de denunciar que el Gobierno de Pedro Sánchez le ha denegado el permiso de residencia del que disfruta desde hace 16 años. Haidar se convirtió en una figura reconocida en el Estado español y en el ámbito internacional tras la huelga de hambre que protagonizó en 2007 para denunciar la persecución, la violencia y las torturas que sufren los saharauis –sobre todo las mujeres y los jóvenes–, en los territorios ocupados y colonizados del Sahara Occidental.

Posteriormente, en 2009, Marruecos le denegó la entrada al territorio del Sáhara Occidental y fue devuelta, sin pasaporte, en avión al aeropuerto de Lanzarote. Allí arribó expulsada en una decisión contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la legalidad aérea internacional y la dignidad y derechos como persona de Haidar. Sin embargo, su lucha visibilizó durante semanas la situación de su pueblo. Desde entonces, disponía del permiso de residencia en el Estado español, aunque tenía la obligación de renovarlo anualmente siempre entre trabas administrativas de origen político. Denegarle ahora ese permiso al que tiene derecho es también una decisión política del Gobierno central que, en el fondo, supone aceptar las amenazas fanfarronas de Marruecos y humillar los derechos humanos ante un régimen totalitario. Aceptar el chantaje de las supuestas buenas relaciones con Marruecos de las que hacen gala tanto Sánchez como su ministro de Exteriores José Manuel Albares a costa de abandonar a su suerte al pueblo saharaui es eludir las obligaciones de los valores democráticos en otro vergonzoso intento de mirar hacia otro lado.

En las fronteras del Sahara se libra una guerra desde que hace tres años el Ejército Popular de Liberación Saharaui volviera a las armas tras 30 años de alto el fuego ante los reiterados incumplimientos de Marruecos y la incapacidad de la ONU para hacer cumplir sus reiteradas resoluciones en favor de un referéndum para cumplir con el derecho de autodeterminación del Sahara Occidental. Una guerra silenciada en los grandes medios de comunicación del Estado español. Otra guerra olvidada más, porque de nuevo los intereses de la geopolítica, impuestos en este caso por Marruecos, se sobreponen a la legalidad internacional. Algunos confunden solidaridad con justicia, obviado interesadamente que la solidaridad con el pueblo saharaui carece de valor político si no va respaldada por la justicia democrática de la devolución de sus derechos y de sus territorios. Sigue habiendo muchas personas perseguidas por sus opiniones que sufren la violencia política. Aminetu Haidar es una de ellas.