Al compás de la convocatoria electoral en Catalunya para mayo, ERC se ha apresurado a reclamar un modelo de financiación similar a los regímenes forales de Navarra y la CAV y ha vuelto a situar sobre la agenda política, ya saturada de conflictos, la cuestión de la financiación autonómica y los déficits fiscales de las comunidades del régimen común. La respuesta del Gobierno central a un planteamiento con tufo a oportunismo electoralista en la pugna entre ERC y Junts ha sido dar de nuevo un portazo a esta reclamación catalana –también lo hizo hace más de una década a Artur Mas y el resultado fue el mismo–, y situar la propuesta en el Consejo de Política Fiscal para diseñar un nuevo modelo que incluya al conjunto de esas comunidades.

Un tema sin mucho recorrido, al menos de momento, pero que ha servido para poner el foco en Navarra y la CAV y activar una vez más los discursos que reivindican suprimir los sistemas de autogobierno fiscal de ambas comunidades con las mismas acusaciones falsas de siempre de agravios comparativos, insolidaridad, privilegios, etcétera. De nuevo, más leña la Fuero y más centralismo antiforal.

La situación de crisis de la financiación autonómica vuelve a ser la nueva excusa para minorizar el autogobierno foral y replantearse también el régimen especial de Canarias. Pero los datos del déficit de las comunidades demuestran que la gestión de los recursos públicos en muchas autonomías presenta síntomas evidentes de un gasto megalómano y superfluo insostenible. El descuadre de las balanzas fiscales ha sido más bien consecuencia de unas administraciones donde han campado corrupción, caciquismo y despilfarro hasta la insostenibilidad financiera en que ha degenerado el modelo autonómico. Y también de una infrafinanciación del Estado, que es donde reside la obligación de garantizar la viabilidad y la financiación de esas comunidades. No han sido los modelos forales los que han generado esa diferencia en los resultados de la gestión, aunque hay un clima político que cuestiona el Cupo y el Convenio Económico, asumidos como derechos históricos en la Constitución y avalado por los tribunales de la UE, con amplio apoyo en la mayoría de los partidos políticos, los catalanes incluídos como mostró ayer Pere Aragonés.

La realidad es que los modelos forales en fiscalidad no son ningún privilegio. Al contrario, se basan en la corresponsabilidad fiscal. El gasto público se calcula en función de la recaudación tributaria cada ejercicio fiscal, y con eso se garantiza el desarrollo social, económico, los servicios públicos y el cupo de solidaridad con el conjunto del Estado. Por si acaso, nadie se quiere sumar a este sistema de corresponsabilidad fiscal –a Catalunya se le ofreció un pacto similar en 1980 que rechazó –, que diseña el gasto y la inversión pública en los Presupuestos y la aportación anual a las cargas de los servicios que gestiona el Estado (Defensa, Exteriores, Fronteras... ) en función de los ingresos tributarios que recauda y el objetivo de déficit si se pacta con el Estado, este año aún sin cerrar, lo que siempre conlleva un riesgo unilateral como ha ocurrido en tiempos de crisis y ajustes. Un autogobierno que se sustenta también en la solidaridad con la redistribución de la riqueza como garantía de desarrollo social, económico y cultural. Mientras, la reforma del sistema de financiación autonómica sigue sumando décadas en estado pendiente.