El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cerró ayer la provisionalidad del organismo con la elección de Isabel Perelló, que será la primera magistrada que presidirá tanto el órgano de gobierno de los jueces como el Tribunal Supremo (TS). La elección no alcanzó la unanimidad –obtuvo el respaldo de 16 de los 20 vocales– que en su día aseguró mediante pacto parlamentario las elecciones de Carlos Dívar, Francisco José Hernando o Francisco Javier Delgado, pero rompe un período de anomalías marcado por la negativa –primero– a ceder las vocalías caducadas que propiciaban la mayoría conservadora y el encastillamiento –simultáneo– del Partido Popular para no pactar el relevo legalmente exigido por no perder esa mayoría.

Sacar al Poder Judicial de la anomalía es el primer gran paso para reconducir su papel constitucional como poder independiente del Estado y no como apéndice político de afinidades ideológicas. El desprestigio que, por interés o convicción, le aportan determinadas decisiones particulares –jueces instructores– o colectivas –tribunales argumentativos con razonamientos políticos y obstaculizando resoluciones de otros poderes– solo será enmendado con un período de normalidad y estabilidad que debe comenzar por el CGPJ pero no detenerse ahí.

Es precisa una reflexión del colectivo profesional de la Justicia para liberarla de condicionamientos ajenos a ella y reforzarla con garantías de actuación sin los condicionantes que en los últimos años han propiciado un doble fenómeno de judicialización de la política y politización de la Justicia.

El primero no habría sido posible sin un cierto grado de connivencia en el segundo de los responsables de evitarlo. La estabilización del CGPJ y la presidencia del TS es una gran noticia en esa dirección pero la materialización de esa estabilidad debe acreditarse con hechos. No ha contado el Poder Judicial con la ayuda de la clase política española, que no ha dejado de aspirar –sobre todo desde la derecha, tanto la autocalificada como liberal como la extrema– a orientar y controlar sus órganos resolutivos con una determinada y partidista visión del ejercicio de la Justicia como segunda opción de condicionar políticas allí donde las urnas no otorgan ese derecho. La regeneración que no parecen dispuestos a permitir ciertos políticos deberá llegar de la profesionalidad de la judicatura. Con firmeza e independencia.