Tener una vivienda vacía sale caro pero hay propietarios, empresas y bancos que prefieren ponerles el candado a que las habiten otros. Seguramente porque no necesitan el dinero y las necesidades de la sociedad no les incumben. El Pleno del Ayuntamiento de Iruña mantiene el recargo sobre el IBI que se aprobó el año pasado con el fin de incentivar que las viviendas desocupadas salgan en alquiler -ojo!!!, para propietarios de tres o más viviendas-, es decir, con un recargo en la contribución del 0,50%, 1% y 1,5%. A UPN no le gustaba esta tasa (se debía haber empezado a cobrar en 2022), la bajó a la mitad en la legislatura pasada y, ahora, quiso sin éxito que las viviendas vacías paguen la misma contribución que el resto. Este año en todo caso tampoco se va a poder cobrar el recargo porque el departamento de Vivienda tiene que actualizar el censo de vivienda vacía con todos los parabienes para poder meterle mano. La Ley de Vivienda estatal ya establece esta posibilidad que en ciudades como Donosti ya se aplica. Está bien premiar a quien alquila su piso vacío por el bien común pero no está de más penalizar al que no tiene en cuenta la necesidad tan apremiante que existe en la sociedad. Si alguien puede permitirse tener tres pisos cerrados también puede pagar más impuestos para políticas de vivienda pública. La vivienda no es un bien de lujo para coleccionistas aunque se haya convertido en un refugio para inversores. Hay miles de jóvenes y familias que la necesitan para vivir. UPN no ha querido ni subir en años la contribución ordinaria sin poner al día los valores catastrales. Se ve que tocar a la propiedad le duele más.
