En nuestro ordenamiento jurídico, la vivienda no es un derecho fundamental. Usted tiene más derecho a la inviolabilidad de su domicilio, y de verla amenazada gozará de más protección, que a tener un domicilio. La Constitución jerarquiza ambos derechos y el segundo únicamente tiene rango de principio rector de la política económica y social, con menor protección que el primero.
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Estos días la gente ha salido a la calle a reivindicar que la vivienda es un derecho y no un negocio. Como puede suponerse, la gente entiende que la vivienda tenga que tener algo de negocio, aunque no tanto como ahora y como lo que parece que viene y como la gente no ignora qué necesita para vivir decentemente, quiere que aumente la intensidad de su naturaleza de derecho. Se pide un cambio de política que nos aleje de esta realidad que permite situaciones como la denunciada hace escasos días por una lectora en las páginas de este periódico:la oferta de un piso de 20 metros cuadrados, un 4º sin ascensor, por 600 euros al mes. Pocos días después, otra información ofrecía el dato de que más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras navarras ganan menos de 1.600 euros al mes. Hagan cuentas. Si no conocen a nadie que quiera acceder a una vivienda y no pueda, tienen ustedes suerte, viven en un círculo privilegiado.
Leo el informe El mercado de alquiler, fuente de desigualdad social, del grupo de Estudios Críticos Urbanos y extraigo dos datos interesantes, por una parte, en la última década, el aumento del precio de los alquileres ha sido 2,3 veces superior al aumento de la renta de los hogares y, por otra, los hogares de caseros son el grupo de mayor renta del país, incluso sin contar sus ingresos por alquiler.