El veto inicial de la mayoría del Parlamento de Navarra a tramitar una moción de Vox, que es cierto que era un compendio de bulos, de falsedades y de acusaciones sin pruebas que trataba de vincular directamente la inmigración ilegal con la delincuencia y la criminalidad citando textualmente apuñalamientos, agresiones sexuales y machetazos, ha terminado como solo podía terminar, admitiéndose finalmente a trámite y añadida al orden del día e la Cámara. La Letrada del mismo Parlamento ya advirtió que, más allá de su contenido, cumplía los requisitos jurídicos para su admisión y debate.
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Y ahora ha sido la Mesa de la Cámara la que ha echado marcha atrás y ha admitido el recurso presentado por Vox, que amenazaba también con acudir a los tribunales. Como ya se decidió con mejor criterio en el Parlamento de Vitoria, donde los grupos dieron pase a la misma moción, presentada también allí por Vox, sabiendo que su resultado será igualmente ninguno, pero evitando el ruido y protagonismo que en Navarra ha logrado gratuitamente. También la denuncia presentada por un presunto delito de odio por el PSN ante la Fiscalía ha sido rechazada.
La idea fue más una ocurrencia absurda que una posición eficiente frente a los discursos xenófobos de la ultraderecha. O quizá un intento igualmente fallido del PSN de utilizar a Vox, cuya influencia política en Navarra es irrelevante, y alimentar su protagonismo por meros y egoístas intereses partidistas. Que el resto –excepto el PP y UPN, que advirtió al menos que votaría en contra del texto de Vox–, siguiera ese camino con Alzórriz de flautista de Hamelin en alegre karrikadantza resulta difícil de entender. Para limitar el protagonismo de la extrema derecha o el uso victimista de su aislamiento institucional y político no hace falta meterse en charcos de barro que acaban salpicando a quienes chapotean en ellos y a las propias instituciones democráticas.
La moción será rechazada en la Cámara foral por una amplia mayoría, Vox pasará desapercibido y quizá a la segunda, una vez debatida, la Fiscalía tenga a bien analizar si su texto, que criminaliza de forma generalizada a las personas migrantres, puede incurrir en un delito de odio. Al menos, se le parece mucho. Más que estas andanzas a ninguna parte, a los grupos parlamentarios se les exige dedicación a la política que busca soluciones, al debate público que atienda las demandas y necesidades de la sociedad navarra y a priorizar un uso eficiente de las instituciones y de las mayorías democráticas. Lo otro es propaganda o poses inútiles en la necesaria batalla política y dialéctica contra los discursos ultras. Y también una ridícula pérdida de tiempo.