Con el Gobierno de Chivite, Navarra suma: funcionarios y sociedades públicas. Los primeros superan los 32.000; las segundas crecen de 16 a 19 (1.604 empleados). La Corporación Pública Empresarial Navarra (CPEN) nació en 2009 como “matriz del sector público empresarial de la Comunidad Foral”. Instrumento de ordenación y racionalización del patrimonio foral en inversiones empresariales. Presume de “un modelo de gestión saneada, equilibrada, sostenible y transparente”. Generosa autoevaluación. Quizá por un lapsus de memoria en casos como el Circuito de Los Arcos o Davalor Salud.
También presume de que sus profesionales “atesoran un amplio y profundo conocimiento técnico en un extenso abanico de áreas de actividad”. Tampoco viene mal si el currículo subjetivo contiene parentescos o vínculos influyentes. Los constitucionales principios de mérito y capacidad en el acceso a la función pública se alivian cuando los contratos de interinidad se transforman en indefinidos no fijos para bajar la alta tasa de temporalidad en la Administración. La fórmula de sociedades públicas es menos rígida que el procedimiento funcionarial en la contratación y extinción de personal.
La cobertura de altos cargos y la promoción a jefaturas es arbitraria en la estructura orgánica de los departamentos forales. Cuánto más en las sociedades. Los costes de personal de la CPEN han subido un 11%, los de alta dirección un 3% y el número de altos directivos ha pasado de 14 a 20 en solo un año. Las tres últimas puestas en marcha tienen reparos de la Cámara de Comptos y de distintos altos funcionarios: Bidean (transporte sanitario), Nafarbide (mantenimiento, conservación y gestión de la Red de Carreteras de Navarra) e INI (Instituto Navarro de Inversiones), que duplica el objeto social de Sodena. Las gerencias asignadas revelan militancia política. Los partidos, oficina de colocación. Almacén de enchufes. Nomenclatura pública, discrecionalidad privada. La tendencia.
