El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha declarado el secreto de la causa abierta para investigar si el apagón eléctrico que afectó a la Península este lunes pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas, lo que encajaría en un delito de terrorismo.
Lo hace a petición de la Fiscalía, que reclamó al juez mantener en secreto el avance de la investigación en atención a la naturaleza de los hechos y sus circunstancias.
Tras analizar la doctrina, el juez explica en su auto que el secreto persigue "prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación".
Solo así -admite- se puede impedir que el conocimiento de las diligencias que se van adoptando pueda ocasionar "interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo presente la posible existencia de información sensible que pudiera comprometer la seguridad de servicios esenciales".
Por ahora se mantendrá secreta durante un mes
El juez, que se encuentra esta semana de guardia, acordó de oficio abrir esta investigación, que por el momento se mantendrá secreta durante un mes, aunque podrá ser prorrogado.
Al acordar la apertura de su investigación, el juez requirió al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica la elaboración de sendos informes para que indicasen la o las causas que motivaron el apagón, y a la Comisaría de Información de la Policía Nacional que remitiese un informe preliminar sobre los hechos acontecidos.
Explicó en su auto que el incidente ocurrido sobre las 12:30 horas del lunes afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud, energía, industria o transporte, lo que ha supuesto "una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos".
Y afirmó que, si bien en este momento la causa de los hechos resulta desconocida, "el ciberterrorismo se encuentra entre unas de las posibles". Por tanto, resulta necesaria, a su juicio, la apertura de una investigación judicial.
Aludió al artículo 573 del Código Penal, por el que los delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo cuando su finalidad sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales.
A la espera del resultado de esta investigación, por el momento Red Eléctrica ha descartado que el apagón haya sido motivado por un incidente de ciberseguridad en sus instalaciones y apunta a dos pérdidas de generación independientes previas al corte de suministro.
