Cuando se mantiene la incertidumbre sobre el futuro inmediato de Sunsundegui en Altsasu a la espera de la llegada de un nuevo inversor privado que se haga cargo de la planta, BSH anuncia el cierre de su fábrica de frigoríficos y lavavajillas compactos, 290.000 y 100.000 respectivamente en 2023, en junio. En apenas seis meses 655 trabajadores directos de la plantilla BSH y otros 400 indirectos de sus empresas proveedoras pueden verse afectados por la decisión de la multinacional alemana. Si se suman los 400 de Sunsundegui y los 200 más indirectos en la zona, unos 2.000 trabajadores y trabajadoras pueden perder en unos pocos meses su empleo.
Un varapalo social y laboral para decenas de familias y para el empleo de toda Navarra. Más aún tras un trimestre en que Navarra acumula pequeñas subidas del paro cada mes. En una dimensión menor, también acaban de ser despedidos los cinco vigilantes de sala del Museo de Navarra contratados temporalmente por las obras de remodelación de varios espacios. Si no las alarmas, sí que deberían activarse los botones de la atención.
Todos los casos, más aún para quienes tienen ya 50 años o más, suponen incertidumbre y angustia personal y familiar, momentos duros, son personas como nosotras y nosotros que igual tenemos la misma espada de Damocles sobre nuestro empleo sin saberlo. Esto que acabo de escribir es lo más importante de estas letras y debiera serlo también para el Gobierno y para la acción sindical y social sabiendo que la reversibilidad de la decisión de la multinacional no pinta bien. No es nuevo y ya ha ocurrido antes también en grandes empresas con un número importante de personas despedidas en Navarra. A la planta de BSH en Esquíroz le han aplicado el virus de la deslocalización y ya está. La producción iba dejándose caer y la empresa no presentaba ni planes de futuro ni de nuevas inversiones ni carga de trabajo con la vista en un traslado de los modelos a otras plantas, quizá en Turquía o Polonia, en pos de la reducción de costes.
La deslocalización empresarial contempla tres estrategias con objetivos diferentes, desde la búsqueda de las materias primas en origen y el expolio de recursos naturales a la reducción de costes de producción o a la apuesta por nuevos lugares con el objetivo, declarado o no, de maximizar el beneficio en términos de ahorro fiscal. La sorpresa y el malestar del Gobierno de Navarra que expresaron la presidenta Chivite y el consejero Irujo tras enterarse del cerrojazo es lógico. Pero ese malestar debe ir acompañado de movimientos eficaces que puedan poner freno o al menos paliar los efectos en el empleo. Y más en un circuito globalizado donde los especuladores que pueden quebrar un sistema monetario y el capital multinacional de los fondos se mueven mucho más rápido que la sociedad, la ética y la política. Si Navarra quiere seguir manteniendo sus apuestas estratégicas con dinero público debe ser a cambio del mantenimiento y creación de empleo como condición previa. Urge una legislación foral.
El autogobierno se debe traducir en cohesión y bienestar social a través de la capacidad para gestionar instrumentos financieros y fiscales que permitan sumar energías para reconstruir un modelo social y de arraigo empresarial alternativo al fracaso neoliberal donde quepamos todos y todas.
