El informe de la Cámara de Comptos sobre la distribución y gestión de la renta garantizada en Navarra apunta a falta de eficacia y problemas de descontrol que dan lugar a irregularidades. Como todos los informes de fiscalización de Comptos y las recomendaciones que conllevan son un toque de atención al Gobierno que no debe caer en el cajón de los olvidos. Navarra no es una ONG. Sus Presupuestos son un instrumento político para la equidad, el desarrollo, la justicia social, la igualdad de oportunidades y la convivencia. Pero no son un cuerno de la abundancia sin fondo. No merece la pena mirar para otro lado. Es mejor recuperar la eficacia en la gestión que garantice una justa protección a los sectores más desfavorecidos de la sociedad navarra que sea además compatible con su acceso al empleo y la integración social en esta sociedad, que son los objetivos originales de la Ley de Renta Garantizada de 2016. La consejera de Derechos Sociales y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, admite la existencia de las problemáticas que advierte Comptos y anuncia una reforma de al ley para corregir los fallos detectados, aunque insistió en que ni la realidad ni el propio informe de Comptos presentan argumentos que avalen la lectura catastrofista y desastrosa de UPN, PP y Vox, empeñados una semana y otra en transmitir públicamente una pésima y falsa imagen de la realidad social, laboral, política y económica de Navarra. Lo que dice Maeztu es verdad, pero también lo es que los sistemas de inspección han detectado cobros indebidos y han avisado de la necesidad de un sistema para verificar que quienes perciben las ayudas residen efectivamente en Navarra. El objetivo debe ser que funcione y funcione bien, que es lo que ha situado a Navarra como la comunidad más igualitaria en la distribución de su renta del Estado y la que menor índice de desigualdad social presenta. Consecuencia de un esfuerzo común. De la solidaridad, no de la caridad. Aún así, los derechos conllevan deberes y el informe de Comptos advierte de que no es una problemática residual. La renta garantizada es, pese a los insistentes ataques de sectores políticos y mediáticos conservadores y su vinculación a mensajes xenófobos de origen ultra, un servicio público junto a la mejora del empleo y de la economía y una fiscalidad justa y progresiva para construir un modelo de convivencia social y de progreso colectivo. Es evidente que hay que abordar cambios que adecuen la normativa a las transformaciones que está viviendo la sociedad navarra en los últimos años y que la necesidad de controles y de eficacia en la gestión de las ayudas públicas deben ser un objetivo prioritario sin perder de vista los principios políticos y humanistas que envuelven logros y avances sociales frente a quienes siguen postulando la ley de la selva o el sálvese el que pueda. Corregir sin complejos los problemas detectados por Comptos es el mejor antídoto para desmentir y cerrar las puertas de entrada en la opinión pública a ese discurso que señala a los otros, los pobres, los inmigrantes o los diferentes como responsables de los problemas de la sociedad navarra. Un discurso que se compra fácil, aunque como muchos otros discursos ahora esté construido y trasladado a la sociedad desde la sistemática difusión de bulos y mentiras que agrandan los problemas y minimizan los beneficios.
