Entre el 28 y el 29 de febrero de 2020 se diagnosticaron los primeros tres casos de covid-19 en otros tantos hospitales de Euskalherria. Curiosamente los tres correspondían a mujeres de distintos herrialdes –Navarra, Araba y Gipuzkoa– y fueron la punta de un iceberg que afloró de modo exponencial en los días y semanas posteriores.

Cinco años después, la convivencia con el virus y su relativa cronificación en convivencia con otros asentados, como los de la gripe o el resfriado común, ha diluido la atención piroritaria que obtuvo por su impacto profundo en la actividad social y económica y por la excepcional mortalidad que alcanzó en la fase aguda de la pandemia. No sería oportuno, sin embargo, que la relajación propia de una percepción menor de su amenaza haga olvidar las lecciones aprendidas con un elevado coste humano. Entre esas lecciones, ocupa su lugar prioritario la necesidad de mantener y gestionar un sistema público sanitario capaz y dotado. La toma de conciencia de esa virtud es mayoritaria pero convendría no frivolizar con la calidad del servicio ni someter a sus profesionales a las tensiones de un debate meramente ideológico sobre el sector público. La inversión en salud no es un gasto, sino un activo que permite mantener en marcha la actividad. El recientemente conocido Barómetro Sanitario 2024 recoge que tres de cada cuatro ciudadanos del Estado prefieren ser atendidos en un hospital público y la experiencia de la pandemia, con el desempeño acreditado por los sistemas de Osasunbidea y Osakidetza tiene mucho que ver con ello.

Otra lección a mantener fresca en la memoria es la evidencia de que sólo la autoprotección, la responsabilidad con nuestro entorno y, sobre todo, la vacunación, permitieron contener primero y detener, después, la extensión de la pandemia. Una circunstancia que debería servir para erradicar debates ficticios o interesados sobre una herramienta que ha salvado millones de vidas en todo el mundo y que es un arma efectiva también en otras muchas enfermedades que vuelven a aparecer en nuestro entorno –como el sarampión–. Otros debates –legales, socioeconómicos, conductuales,...– no dejan de ser posteriores y su utilidad dependerá de que permitan mejorar los mecanismos con los que responder con velocidad y eficiencia a la próxima amenaza sanitaria.