El exfutbolista Dani Alves vio anulada su condena por agresión sexual al considerar el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que la sentencia original no valoraba correctamente los indicios e interpretar que la presunción de inocencia no se había visto rota por el testimonio de la denunciante. Las reacciones más viscerales, al margen de principios jurídicos y con significativo calado político e ideológico, han dado lugar a un debate polarizado en el que la intervención de la vicepresidenta del Gobierno español María Jesús Montero ha resultado especialmente irritante para las organizaciones representantes y los organismos rectores del Poder Judicial.

Una primera aproximación a la polémica sugiere que no es oportuno, por el bien de la seguridad jurídica, obviar las garantías procesales en la emisión de opiniones. En ese sentido, la presunción de inocencia no puede soslayarse por un criterio emocional, por muy abyecto que sea el presunto crimen. Un mayor grado de prudencia habría sido oportuno. Dicho esto, también es cierto que hay una divergencia en la interpretación de los hechos y pruebas sometidos a criterio del proceso penal.

Un tribunal valoró su suficiencia para determinar la culpabilidad del acusado y otro enmienda su decisión con una reinterpretación de esas pruebas. Solo el orden jerárquico determina que en este momento Dani Alves esté absuelto. Pero el orden jerárquico es parte del procedimiento de garantías. La monolítica crítica de la carrera judicial pierde, a su vez, la oportunidad de entrar al matiz de los extremos por determinar. En aras de la Justicia no basta con cerrar filas en torno a la independencia de criterio del Poder Judicial. Sus decisiones pueden y deben, en su caso, ser criticadas dentro de los parámetros del respeto en democracia.

Lo peor que puede suceder es que se reduzca a una cuestión de injerencia o corporativismo algo que determina la percepción de la víctima de violencia machista de la acogida que recibe su denuncia. Ni debe dar lugar a juicios precipitados por empatía ni desincentivar un camino trazado en las recomendaciones de estos casos –denuncia inmediata, búsqueda de asistencia y testigos y disposición de la víctima a examen forense– que la víctima cumplió escrupulosamente. Evitemos proyectar que la que está en cuestión es la víctima.