A la espera de que la investigación abierta por el Gobierno, el CNI y Red Eléctrica arroje luz sobre el por qué del apagón masivo del pasado lunes –sigo dudando que llegue realmente esa explicación transparente y objetiva–, el fallo eléctrico que afectó a la mayor parte del Estado ha abierto y recuperado viejos, pero interesantes debates. Por un lado, la pugna entre las pocas empresas que se reparten el control del sistema energético, la lucha de intereses entre los diferentes modelos –electricidad, hidroeléctricas, renovables, ciclo combinado, gas, nucleares–, en un batalla cada vez es más cruel en un mundo en el que los enormes beneficios en juego no permiten hacer prisioneros ni entre ellas. De hecho, las diferentes compañías operadoras ya se están comenzando a desviarse las culpas unas a otras.

Privatización y poder: el núcleo del problema

Y otro más profundo que sigue pendiente: el de la privatización de los sectores estratégicos, energía en este caso, y la pérdida de su control público por el Estado. Lejos de lo que ha ocurrido en las principales democracia europeas. Desde que en la segunda mitad del los años 90 del pasado siglo XX, González primero y Aznar después, culminaran la privatización total del sistema público de energía, el modelo ha derivado en la dictadura de un oligopolio energético encubierto convertido en un negocio sin apenas control del Estado.

Un sistema regulado de forma más que laxa, si no directamente desregulado, en el que el máximo beneficio de las empresas, de sus accionistas y de unos directivos compensados sin límite con unos bonus millonarios con cada desaliño que organizan a costa del bolsillo de los ciudadanos son su base. Vale recordar que cuando González y Aznar privatizan el sector eléctrico español ya se sabía de la llegada del euro en el año 2.000, con lo que el valor de lo pagado en pesetas aumentaría un 60% en pocos años. Negocio redondo y sin riesgo.

Como recompensa a los servicios prestados, González y Aznar han cobrado decenas de miles de euros al año en los consejos de administración de esas grandes empresas que ellos mismos entregaron a capitales y fondos privados. El cártel energético, bien rodeado de políticos en retirada, exministros y viejos jarrones chinos de la política española que aspiran a engordar sus jugosas jubilaciones con asientos en sus consejos de administración desde los que presionar a sus respectivos partidos de origen en favor de los intereses privados y en contra de los intereses generales, mantiene un sistema oscurantista e incomprensible.

La presidenta de Red Eléctrica Beatriz Corredor, ex ministra socialista con Zapatero, es el ejemplo de actualidad, pero la lista de beneficiados es larga. El oligopolio de la energía no busca atender ni las necesidades estratégicas del Estado ni las demandas de los ciudadanos como consumidores, sino únicamente la obtención del máximo beneficio a costa de lo que sea. Más allá de las razones que expliquen este apagón, hay unas causas objetivas de origen en la privatización de empresas públicas y sectores estratégicos del Estado –desde la alimentación, el agua y la vivienda a la banca o la energía–, en una pérdida incalculable de bienes comunes traspasados a precio de saldo a intereses particulares para los que el bienestar de la sociedad es un compromiso muy secundario entre sus prioridades. Si no le trae directamente al pairo.