Las comisiones de investigaciónparlamentarias rara vez, por no decir nunca, sirven para avanzar en el cometido por el que se crean. Su constitución obedece a intereses políticos, la mayoría de sus discusiones son políticas y sus conclusiones –que no son vinculantes para los tribunales, ni afectan a las resoluciones judiciales–, también son políticas. Y pese a que están facultadas para llevar a cabo sus pesquisas y para requerir la presencia de cualquier persona, es muy frecuente que los comparecientes opten por no declarar.
Con estos antecedentes, convendría no tener muy altas las expectativas de la comisión de investigación que ha puesto en marcha el Parlamento de Navarra para analizar las adjudicaciones de obra pública de las cuatro últimas legislaturas. De momento, los grupos han planteado una lista de más de un centenar de nombres para que desfilen a declarar. Todo un batiburrillo investigador con un curioso cruce de intereses: la oposición busca desgastar al Gobierno, el PSN se centra en UPN y entre los socios del Ejecutivo hay una mezcla entre fiscalizar a la derecha y marcar cierta distancia con el propio Gobierno. Lógico. Estamos ante una comisión que previsiblemente dilatará su tarea hasta el final de la legislatura, por lo que a nadie debería extrañar que sus debates terminen siendo parte esencial de la próxima campaña electoral.