Escuchando a Amalia Ayechu, Imelda Balda y Virginia Casasempere, de la Red de Promoción del Buen Trato a la Infancia y a la Adolescencia de Burlada, que aglutina a diferentes profesionales del municipio de todos los ámbitos –un trabajo de coordinación que me resulta absolutamente admirable– me doy cuenta del alcance que tiene el problema de la vivienda entre los más pequeños y cómo les afecta a nivel emocional y social no tener un techo digno: inestabilidad, miedo a perder su hogar, dificultad para crear vínculos sociales...
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Rotar de vivienda o habitación puede llegar a provocar depresión, sentirse diferentes a los demás y dificultar sus relaciones sociales, aparte de otras penurias en el recorte de su espacio vital. Por esa razón las políticas públicas de vivienda son necesarias y hay que defenderlas con uñas y dientes. Porque protegen a aquellas familias que sufren vulnerabilidad económica y social.
En julio comenzó a aplicarse el nuevo sistema de control de precios para los alquileres (ZMT) y aunque todavía es pronto para hacer un balance es una manera de disuadir la compra de vivienda con un fin inversor o especulativo. A partir del año que viene vamos a tener también una empresa con capital público y privado para construir más de 500 viviendas de alquiler asequible en los próximos años: a medio camino entre la libre y la protegida (8,25 euros/m2), lo que se traduce en un alquiler de 618 euros mensuales para una vivienda tipo de 75 m2. Todo va a hacer falta si queremos asentar los cimientos de un futuro más habitable para las nuevas generaciones.