La financiación autonómica lleva años atrapada en un debate que revela una dependencia asimétrica de casi todas las comunidades autónomas de las rentas de Madrid y Cataluña. Andalucía, Valencia, Extremadura o las dos Castillas, grandes receptoras del Fondo de Solidaridad Intercomunitaria, dependen de aportaciones netas ajenas para sostener el 70% de su gasto. Es objetivamente cierto que sin Madrid el sistema colapsaría.
Lo cual no significa que sea mérito propio de la comunidad. El efecto capitalidad distorsiona la competencia entre territorios: la concentración de ministerios, reguladores y empresas públicas –que genera 3,3 millones de empleos públicos indirectos– atrae sedes fiscales privadas –el 25% de todas las grandes cotizadas–, altos salarios y un volumen de IRPF e IVA que ninguna otra comunidad puede aspirar a generar. Es una decisión política de elegir una capital única que catapulta el PIB y la renta de su entorno inmediato. Ese efecto Madrid genera un círculo virtuoso para la capital, pero hipoteca al resto. En este contexto, y más allá del resto de condicionantes políticos, la reunión de ayer, en la que la ministra María Jesús Montero presentó el borrador de reforma de la financiación autonómica, estaba condenada. Con independencia de que las gobierne el PP o el PSOE, la suspicacia de las autonomías de régimen común reside en el temor a que cualquier ajuste que acerque recursos a la población real, al coste efectivo de los servicios o a la corresponsabilidad fiscal puede traducirse en menos dinero transferido. No parece el caso de la propuesta, pero entonces opera el componente político del momento y el concepto “nacional” que lo acompaña.
Es difícil pero imprescindible salir del bucle y dejar asentado que es lícita la corresponsabilidad que se le pide a Madrid en tanto parte en ventaja estructural con el resto de autonomías de régimen común y es lógico que asuma una solidaridad regulada, transparente y justa, y se desmienta el relato victimista de su gobierno cuando se discute la redistribución. Y a los gestores de las comunidades receptoras se les debe exigir honestidad: no hay justicia ni eficiencia en depender de la aportación sistémica de otros y negarse a introducir criterios de equidad e incentivos a la buena gestión amparándose en el señuelo de la solidaridad si ésta no es bidireccional.