Casi un centenar de personas. La inmensa mayoría hombres, jóvenes y de origen magrebí. El Ayuntamiento de Pamplona hizo sus cálculos, le salieron las cuentas y, el pasado lunes y de malas maneras, la Policía Municipal desalojó del convento de Aranzadi a todos ellos. Llevan mucho tiempo sin nada, sin derecho a trabajar, sin opciones de mejora y ahora van a saber qué es estar aún peor.
Ni una sucia esquina en un inmueble ruinoso en la que intentar descansar y esconderse del frío y la lluvia. Este Ayuntamiento de izquierdas sabe que a la mayoría de su electorado no le preocupa demasiado el tema y que, gracias a los discursos racistas, va calando la idea de asemejar migrantes con conductas delictivas. Otra cosa era verlos por el Casco Viejo, de aquí para allá arrastrando una vieja maleta, unas bolsas de supermercado de donde salía su otra camiseta…
Con excusas ya usadas por otros en anteriores desalojos, los concejales pamploneses informaron de la noticia como del inicio de unas obras de rehabilitación y, no sin razón, apostaron por la implicación de otros ayuntamientos y del Gobierno foral. Mientras, los expulsados han vuelto a la calle tras unos días de hotel pagado y no se revolverán, aterrados ante la posibilidad de que les denieguen los anhelados papeles de regulación.
