Si el Gobierno de Navarra quiere asestar un golpe de efecto en su política de vivienda, tiene a mano una baza relevante. Lo insinuó ayer la consejera Begoña Alfaro, quien señaló que su Departamento hace cálculos acerca del coste que tendría para las arcas forales mantener la titularidad pública de las 507 viviendas que Testa, un fondo buitre, adquirió en 2018.
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Entre 50 millones, lo que calculan desde Nasuvinsa, y 100 millones, los que parece pedir la empresa, decidida –está en su naturaleza– a hacer negocio con lo que un día ayudaron a levantar los navarros con sus impuestos. Es mucho dinero, dirán algunos, el doble de lo que destina todos los años Navarra a esta materia. Es verdad, como también lo es que pagar supondrá engordar el negocio de quien no lo merece y ampliar el esfuerzo que se hizo en su día para promover la construcción. Acabaríamos pagando dos veces por lo mismo.
Pero, si no es posible prolongar la protección oficial, abonar una cifra ajustada supondría enviar un mensaje poderoso: Navarra apuesta por la vivienda pública de verdad. Y, según como se mire, 100 millones tampoco es tanto dinero. Hace apenas un año, Hacienda devolvió a los mutualistas 145 millones sin tener obligación legal de hacerlo. Por pura decisión política.