La sentencia del Tribunal Superior de Navarra que obliga al Gobierno foral a la equiparación de ratios de alumnado entre la red pública y la privada concertada ha vuelto a poner sobre la mesa del debate público el estado actual del ámbito democrático de la separación de poderes, en el que el Legislativo donde se ubica la libre voluntad democrática de las mayorías elabora las leyes, el Ejecutivo desarrolla las normas aprobada y el judicial es garante de su cumplimiento y de la protección de los derechos de los ciudadanos.
No tengo claro si el fallo del TJSN es adecuado y justo o no lo es, pero puede ser otro palo en la rueda a la equidad educativa y al carácter estratégico de la educación pública. Es evidente que progresivamente ha habido, no sólo en el Estado español, sino en parte de las democracias liberales –basta con ver los EEUU de Trump–, una mayor participación de los tribunales en la interpretación de las leyes aprobadas por el Legislativo y aplicadas por el Gobierno. De hecho, se puede deducir que en muchos casos son los propios jueces quienes acaban dictando la norma por encima del resto de poderes democráticos y se expande la idea a través de pronunciamientos judiciales de fondo político, de que solo ellos, los jueces, pueden gobernar.
En su último libro El futuro de la democracia, de más que recomendable lectura, el catedrático de Filosofía Política y Príncipe de Viana de la Cultura, Daniel Innerarity, dedica un capítulo a esta cuestión en el que bajo el título de La juristocracia señala que “la principal demostración de que los tribunales deciden mucho, quizá demasiado es el desplazamiento de la vida política desde los parlamentos al sistema judicial”.
Este cambio de correlación de fuerzas en el equilibrio y contrapesos del sistema de poderes democrático sustituye la política y la mayoría democrática por la interpretación del Derecho. Con todos los riesgos que ello puede conllevar y en buena medida es lo que la democracia española está viviendo en los últimos años. Y perdidas las mínimas formas en el respeto a las reglas de juego político democrático y las bases de la separación de poderes de cualquier sistema parlamentario digno, la ideología campa a sus anchas en los autos de los jueces, en sus artículos de opinión y en sus intervenciones como tertulianos o en sus conferencias donde insultan o arremeten sin tapujos contra las políticas y los políticos que molestan a su ideario, mayoritariamente conservador.
En esa encrucijada temerosa, la democracia y los principios constitucionales de una justicia independiente, neutral, imparcial, democrática y garantista se van diluyendo en el olvido de la percepción pública. Y se suceden las semanas semana en las que la algarabía mediática, la corrupción política, el descrédito judicial y la política del insulto copan la actualidad. Sobre todo, la actualidad que se diseña y marca desde Madrid. “La gran cuestión que hemos de resolver es cómo alcanzamos el equilibrio adecuado entre la estabilidad jurídica y el espacio móvil y modificable de la vida democrática. Debemos lograrlo sabiendo que el papel de los tribunales de justicia no puede ejercerse a costa de devaluar los parlamentos, la elección popular, de reducir lo político a lo jurídico”, concluye Innerarity.