Con el debido respeto me dirijo a usted, en lugar de a la presidenta del Gobierno, porque parece ser que ha sido usted el que ha decidido liquidar una parte de nuestros derechos.

En primer lugar aclarar que soy un trabajador del sector público, no vamos a decir funcionario, porque ya se ha encargado usted y algún sector de la opinión pública de degradar esta palabra hasta convertirla en sinónimo de enfermo crónico y vago de solemnidad, en lugar de significar trabajador al servicio del contribuyente. Me falta un año para cumplir los 60, mi edad reglamentaria de jubilación, y ahora sale con que me tiene que descontar un 10% de mi pensión, regida por una ley, previamente convenida entre el Gobierno de Navarra y los trabajadores del sector público afectos al Montepío, aunque, visto lo visto, para usted lo convenido con los trabajadores públicos es papel mojado.

Mi historial laboral es 38 años, 32 de ellos en el sector público, de cotización a la Seguridad Social y pago de impuestos sobre el 100% de mis ingresos. Nunca he tenido, como usted, dietas por participar en reuniones de empresas, ni me ha pagado, como a usted, la Hacienda Foral el coste de la Seguridad Social. En valores actualizados, tomando como base lo que cotizo entre IRPF y SS, mi currículum laboral nos daría una aportación total de más de 290.000 euros, sin contar lo cotizado por parte de la patronal ni los 15 meses que serví gratuita y obligatoriamente a la patria. Creo que con esto queda plenamente justificada mi pensión, pero no, usted me quiere recortar un 10% para la buena marcha del negocio, de su negocio.

Si realmente quiere disponer de 25 millones de euros, rebajen sus sueldos hasta un nivel acorde con sus aportaciones a la sociedad, venda las acciones de Iberdrola, o rebaje a las constructoras de autovías el peaje en la sombra, aunque sé que se me dirá que eso está regido por un contrato que no se puede alterar, cosa que no ocurre con el mío, que se puede manejar a su antojo. Espero su respuesta.