En épocas como la actual se suele afirmar, a veces como consuelo, que se viven momentos de grandes oportunidades para cambiar el futuro; "de la crisis vamos a salir más reforzados" son palabras de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. Yo misma he repetido algo parecido, cada vez con menos convencimiento, ya que si esto fuera cierto, deberíamos, ciudadanos y dirigentes, llevar a cabo acciones más contundentes y no esperar que el año 2012 sea una copia del 2011.

Honradez, sinceridad, competencia y coherencia son los atributos que los navarros valoramos en los poderes públicos según un estudio que se ha publicado estos días, pero habría que pensar que para que una democracia y país funcione, hay otro actor principal con un papel importante: la ciudadanía.

Hay un estupendo estudio, Calidad de la democracia en España. Una auditoría ciudadana, Ariel, 2010, que nos señala como una sociedad con el índice europeo más bajo de interés por la política, muy incompetentes para comprenderla y con un nivel de asociacionismo ciudadano y de capacidad crítica para las decisiones públicas ínfimo.

Modificar estos datos pasa por adquirir información, y esto no es posible sin transparencia y rendición de cuentas de parte de la Administración. Una nueva ley ha sido aprobada con este fin, pero si leemos los informes, noticias y no nos llevan a implicarnos y reaccionar, seguimos dando por válidos los resultados anteriores.

La Cámara de Comptos presenta continuamente informes sobre el funcionamiento de lo público; lo menos que se puede decir de ellos es que son llamativos y repetitivos. Así, conocemos hechos escandalosos como que no se cumplan las leyes en ayuntamientos (Orkoien o Egüés), que en un hospital público se hagan el mismo número de intervenciones en horario normal que en extraordinario, y eso con coordinador, o que los mismos que decidieron que necesitábamos crear treinta empresas públicas son los que las han reducido a un tercio y nadie ha justificado, ni desde lo público ni lo privado, por qué no tres o ninguna. La sociedad, en esto nos ayudan los sindicatos, está más preocupada por la cantidad disponible para gastar que por lo importante: el cómo y el dónde se gasta.

Los ciudadanos deberíamos ejercer nuestro derecho y nuestro deber a participar en la vida de la comunidad, no ser solamente clientes de servicios públicos y demostrar que poseemos las cualidades que demandamos a nuestros dirigentes: implicación y aceptar la corresponsabilidad existente entre gobernantes y gobernados por los resultados de la gestión pública. Y eso sí sería caminar hacia un mejor futuro, sin reminiscencias de tiempos pasados.