El otro día, viendo el programa La Noria en Telecinco, presencié un debate que trataba sobre si en España se había despilfarrado dinero durante los años de bonanza, y salieron a colación dos temas interesantes que la derecha ha dejado en el baúl de los recuerdos: uno era el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por parte de la Iglesia católica, y el otro las subvenciones que recibe la sanidad privada de las arcas del Estado.

En el primero cabe decir que aunque las propiedades eclesiásticas estén exentas, al igual que las ONG o los equipos deportivos, esto no puede ser usado como excusa como pretendió el gerente del Episcopado, Fernando Giménez Barriocanal, dado que el común de los ciudadanos y de las instituciones sí que paga por este concepto.

Por lo que el Gobierno sí que debería haber procedido a cambiar esta situación consecuencia de la Ley de mecenazgo, máxime cuando así se lo demandó el Partido Socialista, Izquierda Unida o Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso de los Diputados, sumados a cientos de ayuntamientos de todo signo político, por no mencionar que en Italia Mario Monti va a proceder a hacer lo mismo.

Ante lo que el Partido Popular tendría que proceder a futuro a cambiar dicha situación, al mismo tiempo que la mayoría de los obispos son los que no deberían seguir los pasos de monseñor Rouco Varela por un mínimo de solidaridad con el resto de la sociedad, como hace poco pidió el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, a los curas de su diócesis.

Y es que si las cien mil propiedades religiosas que hay en este país, según los estudios del historiador Stanley G. Payne, pagaran dicho impuesto, los ingresos podrían aumentarse entre 2.500 y 3.000 millones, con todo el alivio que eso supondría tanto para las administraciones públicas como para unos ciudadanos sobrecargados de recortes.

En el segundo aspecto están las aseguradoras médicas privadas, las cuales fueron beneficiadas en época de José María Aznar a la hora de captar clientes mediante rebajas fiscales, algo que las ha ayudado a crecer, pero que no tiene ninguna lógica mantener una vez que el Sistema Nacional de Salud cubre a todos los ciudadanos. Eso por no hablar de que, como consecuencia de tener un déficit anual de 15.000 millones, se han producido recortes muy importantes, como son la merma en la atención a los inmigrantes irregulares o el cierre de ciertas plantas u hospitales durante determinados meses al año.

Con lo que su supresión permitiría ahorrar 319 millones, que si bien no solucionan todos los problemas, sí que ayudarían a que estos fueran más pequeños.