La polémica por la eutanasia de Noelia Castillo ha llegado ya al terreno internacional. Según publicó este miércoles el diario New York Post, la Administración de Donald Trump ha solicitado una investigación sobre la muerte de la joven catalana de 25 años, que falleció el pasado jueves tras acogerse a su derecho a una muerte digna.
La reacción del Gobierno español no se ha hecho esperar. La ministra de Sanidad, Mónica García, instó a Estados Unidos a mantenerse al margen: “Que deje de alimentar la agenda ultra internacional metiendo sus narices en cualquier otro sitio”. En contundente mensaje, difundido a través de su cuenta de X, defendió también el modelo español, subrayando que el Estado es “un país serio, con un sistema sanitario sólido y un marco de derechos que protege y cuida a todas las personas, también a las que deciden pedir ayuda para morir dignamente en contextos regulados por ley, evaluados por comités clínicos y avalados por los tribunales”.
García criticó además que en EE.UU. mueren cada año miles de personas sin seguro médico, “mientras Trump apoya y ejecuta vulneraciones de derechos humanos entre Gaza e Irán”.
Sanidad niega haber recibido "ninguna comunicación"
Las declaraciones de la ministra llegaron después de que el citado diario estadounidense asegurara que la Embajada de EE.UU. en Madrid habría abierto una investigación sobre la actuación del Gobierno español ante las "repetidas agresiones sexuales, incluidas violaciones en grupo", que sufrió Castillo antes de su muerte. El Gobierno de Trump consideraría que la "laxa legislación migratoria española" podría ser la causa de las agresiones sexuales
Asimismo, el New York Post señaló también que altos funcionarios de la Embajada estadounidense habrían transmitido al Gobierno de Pedro Sánchez la "seria preocupación" de la Administración norteamericana por las "numerosas violaciones sistémicas de los derechos humanos" que llevaron a la joven a buscar el suicidio asistido. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad aseguró no haber recibido “ninguna comunicación” por parte del Gobierno estadounidense en relación a este punto.
El caso de Noelia Castillo ha reabierto el debate sobre la eutanasia, amparada por la ley española desde el 25 de junio de 2021. La joven, afectada por una paraplejia, solicitó la muerte asistida en 2024, iniciando así una larga batalla judicial que se prolongó durante más de un año y medio. Y es que su padre trató de impedir en varias ocasiones que ejerciera este derecho. Finalmente, su petición fue validada por los órganos competentes, incluida la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya, y respaldada por los tribunales.
Illa tacha la ley de la eutanasia como "avanzada"
Desde Catalunya Salvador Illa también salió en defensa del sistema español. En un mensaje público en X, el presidente de la Generalitat catalana calificó la ley de la eutanasia como “avanzada y ejemplar” y aseguró que “defenderemos con toda la firmeza a los y las profesionales de nuestro sistema sanitario ante cualquier ataque malintencionado que quiera estropear su valía y actuación”. Asimismo, añadió: “Defendemos el derecho a una muerte digna después de aprobar uno de los marcos legales más avanzados y ejemplares del mundo”.
Por su parte, fuentes del Govern explicaron que las valoraciones de Illa no solo responden a su condición de presidente de la Generalitat, sino al hecho de que, durante su etapa como ministro de Salud, impulsó la ley de eutanasia española a la que se acogió la joven barcelonesa y que recibió la semana pasada en un hospital catalán.