Si observamos y analizamos los problemas que hoy nos aquejan a los ciudadanos de nuestra sociedad, en nuestra patria, llegaremos a dos conclusiones: el inmovilismo imperante y la falta de imaginación política para proponer soluciones. En definitiva: problema de ricos.
Que no se ofenda quien hoy las pasa canutas para llegar a fin de mes. Exige, con todo derecho, respeto a su dignidad y a sentirse ciudadano válido, considerado y reconocido socialmente.
Hoy toco el tema de las Pensiones: empiezo afirmando que, tal como consagra la Constitución, todos los ciudadanos tenemos iguales derechos y obligaciones en el marco de la ley. A nadie se le ocurriría pensar que las obras públicas del Estado o sus servicios lo fueran discriminatorios. Sería un auténtico disparate. (Carreteras para ricos y para pobres; suministros energéticos; de agua, etcétera, lo mismo). Desde este principio elemental, el derecho a una jubilación digna no debe ni puede ser de otro modo que un servicio igualitario del Estado y para todo ciudadano español (allá lo que hagan en otras naciones o lo que legisle más adelante una entidad supranacional, como puede ser Europa, etcétera).
Evidentemente, los planes de pensiones particulares o privados deberían contar con una liberalización de los mismos para que, quien los hubiera suscrito pudiera echar mano de ellos -como complemento a la pensión oficial- y no encontrara traba alguna para su disposición total o parcial y secuencialmente, sin que lo achicharrasen a impuestos. ¡Qué lejos veíamos su uso cuando lo fuimos suscribiendo! Eso sí, en cada anualidad conseguimos una sustancial rebaja en el Impuesto de la Renta, como esfuerzo a su beneficioso ahorro ¡digo yo!
Cuantificar una solución como ésta nos pondría en buen camino para el futuro de las pensiones.
