desde el pasado año se ha detectado un preocupante retraso en las diferentes citas que se conceden en la Oficina de Extranjería de Pamplona, para realizar los trámites que muchas personas extranjeras tienen que hacer frente, hablamos de reagrupaciones familiares, regularizaciones por arraigos, de solicitudes protección internacional, así como de la solicitud de nacionalidad. Hablamos de trámites obligatorios, costosos, que se dilatan en el tiempo y ponen en suspenso los derechos, que condicionan las vidas de quienes se ven sometidos a ellos, que se desprenden de legislaciones que llevamos denunciando desde su aparición: La Ley de Extranjería crea categorías de ciudadanía según el lugar de nacimiento y condena a la irregularidad y a un examen constante a las personas por su origen, o la de asilo y protección internacional, que se restringe cada vez más y cuya aplicación esta diseñada en línea opuesta a la protección. Así como la modificación de la Ley del Código Penal, que endurece las penas a la población extranjera.

En los casos de reagrupación familiar, los retrasos agravan el ya difícil equilibrio burocrático de quienes tienen que presentar documentos aquí y en su país de origen, en embajadas que son un verdadero muro externalizado y acarrea, perjuicios irreparables, ¿dónde queda la inquietud que manifiesta el Gobierno, por favorecer la integración familiar de las personas extranjeras?

En cuanto a las solicitudes de arraigo social, donde entre otros requisitos, es obligatoria la presentación de un proyecto de trabajo autónomo o de un contrato de trabajo de al menos un año de duración, tras una estancia mínima demostrable de 3 años en el Estado, la cita para presentar la solicitud se demora hasta 5 meses, lo cual resulta intolerable. Pregúntense cómo actuaría su futuro/a jefa si le dijese que hasta dentro de ocho meses, cinco de espera a la cita, más tres meses de espera a la respuesta, no puede iniciar su actividad laboral de forma regular, ¿imposible, verdad? Un método indigno que condiciona y hace muy difícil la regularización de casi cinco mil personas en Navarra.

En los casos de solicitudes de protección internacional, la espera en algunos casos a la primera cita llega hasta los 13 meses, lo que, añadido al retraso en la adjudicación de plazas en los programas de acogida, genera unas situaciones de desamparo, fruto de una mala gestión de los recursos ya existentes, y nos preguntamos ¿cómo pueden vivir las personas afectadas hasta la fecha de la cita y su aceptación en un programa de acogida? ¿A qué nivel de la Administración le corresponde garantizar las necesidades básicas y los derechos de cada persona? Es una responsabilidad del Gobierno del Estado y no podemos tolerar que practiquen la dejación de sus responsabilidades como norma.

¿Dónde queda el compromiso del Ministerio de Interior cuando manifiesta que actúa con eficacia, y rapidez?, será que solo emplea esta rapidez y eficacia en las devoluciones, como hemos visto en el pasado mes de agosto en Ceuta, cuando en 24 horas, expulsó sin pestañear a 116 personas aplicando la misma lógica que gobiernos anteriores: buscar recovecos legales para cerrar la frontera a cal y canto. No nos sorprende. En materia de inmigración y de asilo hay un pacto que consiste en controlar, cerrar y externalizar las fronteras europeas y sacar de ello el mayor rédito político, posible.

La Ley del Código Penal y su modificación, donde hace pocos días se llevó a cabo la expulsión de un ciudadano extranjero condenado por un accidente de tráfico a dos años de cárcel.

En otros casos, la solicitud de nacionalidad, la espera es de tres o cuatro años. Estos retrasos resultan indignantes y suponen un obstáculo más en unas legislaciones, ya de por sí laberínticas

Estos son algunos de los casos detectados, entendemos que son actos contra los derechos de estas personas, que incrementan su vulnerabilidad jurídica y social y que su solución es muy sencilla y pasa por una mejora en la gestión de los recursos y con emplear a más personal en la Oficina de Extranjería, es decir, con ejercer la responsabilidad política a la que tienen obligación. Por todo ello realizamos un llamamiento a la ciudadanía para concentrarse frente a la Delegación de Gobierno el próximo 19 de febrero, a las 19 horas, exigimos al Delegado de Gobierno que intervenga de manera inmediata y establezca una solución eficaz ante las demoras en las citas de los diversos procedimientos que se llevan a cabo en la Oficina de Extranjería de Pamplona.

Firman esta carta: Beatriz Villahizan (SOS Racismo Nafarroa) y Javier Urroz (Papeles Derechos Denontzat)