Leo en algunos medios de comunicación que la Fiscalía ha enviado una circular a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo para que estudien cómo hacer viable la orden de que se puedan pinchar teléfonos a las víctimas que sufren de violencia de genero. Con o sin su consentimiento.
Aunque en dicha misiva se indica que esta orden se daría “únicamente” en aquellos casos en los que “se acredite un grave riesgo para la vida de la víctima”, huelga decir que el entrecomillado anterior es tan ambiguo e interpretable que, a poca drama que le quiera añadir cualquier fiscal en su escrito, ya conseguiría la potestad suficiente para pinchar el teléfono de cualquier mujer maltratada.
Tras leer la noticia, lo primero que me ha venido a la mente es que esto es un disparate legal. Una de esas ocurrencias que por desgracia salen de la Fiscalía General del Estado.
Pero luego no he parado de hacerme preguntas que, con su permiso, comparto a continuación: ¿por qué la Fiscalía quiere pinchar el teléfono de la víctima y no el del agresor? ¿Se persigue con ello destapar denuncias falsas? ¿Descubrir, acaso, el motivo de aquellas que han sido retiradas?...
De verdad que no entiendo nada. Que me lo expliquen.
