Libre elección de colegio

Hace unos meses, tanto la ministra Celaá como el consejero Carlos Gimeno nos recordaban que, aun cuando la Constitución española reconoce y garantiza, en su artículo 27.1, la libertad de enseñanza, ello no lleva aparejada la libre elección de colegio. La Administración pública tiene el deber de planificar y el deseo de llenar su red de centros. Por eso la familia presenta una solicitud indicando hasta seis colegios, en orden de preferencia. El PSN-PSOE hizo esta declaración, procedente e imprescindible, para frenar la corriente liberal que ciertos movimientos sociales quieren imponer y que está llegando al extremo con la exigencia del llamado pin parental. Éste no sólo afectaría al ideario de cada colegio, sino que condicionaría la programación del currículo básico de las etapas obligatorias de 6 a 16 años. Como era de esperar, hay revuelo e incluso amenazas de poner a algunas familias en pie de guerra escolar, so pretexto de la defensa del ejercicio de la libertad.

Como factor de riqueza del sistema, soy partidario de la libre elección de colegio, aunque, eso sí, para todas las personas. Sensible al hecho diferencial demográfico, creo obligado hacer un especial esfuerzo por la escuela pública rural para evitar la despoblación de zonas de nuestro territorio. En ellas no se implantaron colegios privados y las familias no pueden elegir. Es en las zonas urbanas donde se ejerce la libre elección. Defiendo que la planificación que debe hacer el Gobierno sea para lograr un sistema educativo eficiente. Ello supone exponer con claridad dónde están las plazas escolares previstas para esos potenciales 6.000 escolares de tres años. Alto es el coste del personal docente, porque amplio es su servicio a lo largo de la geografía navarra. No son ilimitados los recursos. Por más que se diga que en Educación el gasto es inversión, lo cierto es que se puede invertir bien o mal.

Pero hay un tema especialmente difícil que parece querer abordar el nuevo Gobierno. Es el reparto del alumnado de especial dificultad. Estoy en contra de tal proyecto, pero con matices.

Es cierto que no son iguales todos los colegios, como también lo es que el alumnado es diverso y que las pruebas PISA, los únicos exámenes externos a los colegios antes de la EvAU, siguen determinando que a los 15 años los resultados académicos tienen mucho que ver con el nivel socioeconómico de las familias. Ese factor influye mucho más que el ir a un tipo de colegio o a otro. Con la libertad de elección de colegio, son las familias las que determinan en gran medida las características del colegio. ¿A qué pues un pin parental?

Este Gobierno de coalición está obligado, por el Acuerdo Programático firmado entre cuatro partidos con 23 escaños, a la promoción de una escuela pública laica, inclusiva que busque en todo momento la equidad en la atención al alumnado, sin discriminación negativa alguna. El Gobierno ha de habilitar las plazas necesarias para que nadie quede relegado de este tipo de escolarización. Los colegios públicos ya no son estatales, como lo fueron hasta 1978. Desde 1990 Navarra tiene competencias plenas en la enseñanza no universitaria. Ahora los colegios públicos son de la comunidad escolar que los nutre. Ha crecido mucho la autonomía de los centros. Pero hay algo determinante que no ha variado. El profesorado sigue siendo diferente en unos colegios y en otros. No hay analogía ni homología entre quienes imparten docencia en un colegio público o en uno privado. Tampoco las direcciones de los centros, la contratación del profesorado, las instalaciones, las cuotas mensuales se parecen. Y eso suena a un sistema dual que nadie parece desear. La red de centros privados concertados debe ser subsidiaria, no complementaria, de la red pública.

Admitiendo que hay que repartir los recursos en función de las necesidades, entendería un máximo de niños con dificultades en cada aula pero nunca un mínimo forzado. Porque las personas a escolarizar no se reparten. Haré una salvedad. Ese sector desfavorecido como son algunos inmigrantes, los menores de acogida, sin padres. Para ellos la patria potestad la tiene el Gobierno de Navarra.

Ante un asunto tan complejo, el Departamento ha abierto los ojos, las puertas, el diálogo y la negociación. Para este año llegamos tarde, pero en 2021 no podemos fallar.

El autor es profesor jubilado