as personas con discapacidad y problemas importantes de movilidad se hallan en situación de desventaja respecto de las demás personas para realizar un gran número de actividades cotidianas. Ya desde 1982 la legislación hacía referencia a las medidas que deben adoptar los ayuntamientos para facilitar que las personas con discapacidad aparquen sus vehículos.
Nos encontramos ya a mediados del año 2020 y la regulación de dichas tarjetas sigue siendo diversa según la comunidad autónoma en la que te encuentres. Por otra parte, la tecnología no se ha aplicado a este campo y seguimos dependiendo de una cartulina de 106 mm. de longitud y 148 mm. de anchura, lo que constituye una dificultad añadida para su control.
El Defensor del Pueblo, en su Informe Anual de 2019 publicado el 16 de mayo, proponía la creación de un registro nacional de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Este registro serviría para que las administraciones pudieran comprobar, con mayor celeridad, la autenticidad y vigencia de las tarjetas expedidas en todo el territorio nacional. Al Defensor han llegado reclamaciones de personas titulares de tarjetas que han tenido problemas para ejercer su derecho en otras comunidades autónomas.
La iniciativa #OkupasMotorizados (www.okupasmotorizados.org) nació con el objetivo de llamar la atención sobre las plazas reservadas que eran ocupadas por vehículos que no disponían de tarjeta. Al poco tiempo se comprobó que, además del uso indebido de plazas, otro problema, aún más grave si cabe, era el del uso ilícito de las tarjetas de aparcamiento. Utilizadas sin la persona titular, fotocopiadas o incluso manipuladas. Usadas una vez concluido su período de validez u ocultas en el parabrisas para tapar alguno de los casos comentados. Entre las más de 3.300 fotos de Navarra que hemos publicado en redes sociales -gracias a nuestros 328 colaboradores- en dieciséis meses, nos hemos encontrado con todo este tipo de incidencias.
Este registro nacional de tarjetas no solo ayudaría a que las personas pudieran aparcar sin problemas en plazas reservadas de otras comunidades, sino que también ayudaría a identificar comportamientos ilícitos. Anteriormente las tarjetas estaban asociadas a la matrícula del vehículo, con lo que era sencillo comprobar si la tarjeta correspondía a dicho automóvil. Para facilitar que una persona pudiera ser transportada en diferentes vehículos se hicieron nominativas. La idea original era buena pero ha sido aprovechado por impostores a los que ahora es más difícil de sorprender. La propuesta de este registro, sin duda, ayudaría a las distintas instituciones a comprobar, de forma rápida, la validez y vigencia de las mismas. Incluso si en lugar de ser un fichero nacional fuera europeo sería más útil.
Mucho nos gustaría que esta propuesta fuera aceptada y no cayera en saco roto como alguna sugerencia que se realiza desde la figura del Defensor del Pueblo.
En la actualidad nos encontramos con tarjetas que carecen de información imprescindible -como número y/o fecha de caducidad- o que están sin rellenar, o incluso hay algunas cumplimentadas a mano o con pegatinas. Hay ocasiones en las que el propio Ayuntamiento la ha expedido así, pero en otros casos se trata de personas que las manipulan y utilizan de forma fraudulenta. Estas personas lo que están haciendo es impedir que un colectivo vulnerable, como es el de la discapacidad, pueda ejercer un derecho.
No nos cansaremos de decirlo: estas plazas y las correspondientes tarjetas no son un privilegio, son un derecho. Sólo pedimos respeto, educación y empatía. Tan sencillo como eso.
El autor es promotor de la iniciativa ciudadana '#OkupasMotorizados'
Nos gustaría que esta propuesta fuera aceptada y no cayera en saco roto como alguna sugerencia que se realiza desde la figura del Defensor del Pueblo
