El año 2020 será recordado en Europa por la irrupción del covid-19, especialmente en los estados del sur. Las elevadas tasas de mortalidad han logrado concienciar al conjunto de la Unión, aunque seguimos sin hallar una solución definitiva. Pese a la distancia social, las mascarillas y otros medios de prevención, la escalada de contagios nos hace temer una segunda oleada. El principal interrogante es: ¿llegarán a tiempo las vacunas? Mientras Occidente comienza a ver algo de luz al final del túnel, gran parte de la población mundial permanece indefensa. Es aquí donde debemos señalar la especial vulnerabilidad que sufren los 79,5 millones de personas refugiadas. Según los informes de ACNUR, más del 80% reside en países de bajos ingresos y escasa capacidad de respuesta. Sus planes nacionales de salud suelen ser extremadamente débiles. Las medidas de protección más elementales están fuera del alcance de los migrantes, pues ni siquiera disponen de un hogar en el que poder confinarse. Generalmente se encuentran en campos atestados, con deficiencias estructurales y olvidados por la comunidad internacional. Moria es uno de los casos más alarmantes de Grecia, ya que en un espacio diseñado para albergar 3.000 personas se hacinan 20.000. En Kutupalong, cerca de la línea fronteriza que separa Bangladesh de Myanmar, malviven un total de 620.000 rohingyas. Allí los primeros casos de covid-19 fueron detectados en mayo, pero sin un sistema eficaz de rastreo no es posible realizar ningún seguimiento. En estas condiciones tampoco resulta fácil lavarse las manos, debido no solo a la falta de jabón desinfectante o a la carencia de instalaciones, sino al propio abastecimiento de agua potable. Los EPI son bienes escasos, que se suplen con ingenio y trabajo artesanal en el mejor de los supuestos.Si la amenaza es global, la respuesta también debería serlo. El reconocimiento de este principio no obedece a ninguna orientación ideológica. Los epicentros de la pandemia se han ido desplazando hacia el oeste, penetrando además en el continente africano. ACNUR está buscando 745 millones de dólares para ayudar a los distintos países de acogida, mejorando así sus equipos humanos y materiales. Otros enfoques inciden en la necesidad de descongestionar los campos existentes, derivando parte de su población a lugares donde sea más fácil controlar cualquier posible brote. Pese a todo los desplazamientos continúan y, precisamente por ello, no podemos permitir que la amenaza del covid-19 se convierta en un nuevo foco de exclusión.
