asada la época de desahucios hipotecarios, el problema de la vivienda se agrava y no parece tener solución. La vivienda, en teoría una necesidad básica cuyo derecho se recoge en la Constitución, en la práctica está abandonado al albur de los mercados, en la actualidad fuertemente especulativos, que convierten ese derecho en papel mojado.

Como en tantos otros sectores vitales (trabajo, energía, alimentación, transporte€, y más larvadamente en educación y sanidad), en el de la vivienda hay una inversión de finalidades: la vivienda, lejos de solucionar las necesidades habitacionales de toda la sociedad, convertida en nicho de negocio, deja fuera a los sectores sociales menos pudientes. Al mercado, convertido en altamente especulativo por la competitividad entre los agentes que lo controlan, no le basta con obtener un beneficio de sus inversiones, sino que tiene que ser el máximo beneficio, en el que el derecho a la vivienda y su finalidad de respuesta a necesidades humanas queda asfixiado.

En Navarra existen viviendas suficientes para que todas podamos vivir en condiciones suficientemente dignas, mucho mejores a las actuales. El problema es que no están bien distribuidas y adecuadas a su finalidad. No pocas de esas viviendas están en manos de pequeños propietarios, personas que han invertido en más de una vivienda, en parte pensando en futuras necesidades de hijas e hijos, y en parte un poco tentados por sacar beneficio de esa inversión. Pero el grueso de esas viviendas está en manos de grandes propietarios, fondos de inversión y grandes inmobiliarias, con capacidad de imponer precios elevados y condiciones draconianas de alquiler.

Con esa distribución de viviendas la situación no dejará de agravarse si no existe una actuación decidida de los poderes públicos, no sólo paliativa sino intervencionista. Las medidas paliativas (renta garantizada, ayudas extraordinarias a la vivienda, programas David y Emanzipa) tienen un efecto muy limitado, es como dar dinero al necesitado para que corra a entregárselo al usurero, y por más que esas ayudas se incrementen redundarían en incremento de los precios, no en la mejora de la situación de la vivienda.

Se necesitan, también, medidas intervencionistas que regulen los mercados que los embriden, consiguiendo que respondan a las necesidades de la población, adecuándose a sus posibilidades. Las administraciones públicas tendrían tres formas de ejercer esa intervención.

? Incremento considerable de los impuestos a pisos vacíos, mayor cuanto el particular o la sociedad tengan más número de pisos desocupados.

? Una legislación que regule los precios de alquiler de la vivienda según ubicación y los metros cuadrados.

? Un fondo de vivienda pública suficiente para tener influencia en la deriva del mercado de vivienda, poniendo freno a su carácter especulativo.

O con una combinación equilibrada de las tres medidas anteriores, cuya suma tenga esa capacidad real de contrapeso a la actual avaricia de los mercados.

En la actual situación del modelo económico, problemática por su agotamiento, se está abriendo una brecha cada día mayor entre respuesta a las necesidades de las personas y la obtención de beneficios. La responsabilidad de garantizar el acceso a los derechos que las leyes y declaraciones nos confieren no es de los mercados, es una responsabilidad de todos y todas, del conjunto de la sociedad, de las instituciones de que nos hemos dotado. Una sociedad que no asume como propios los problemas básicos de cada una de las personas que la constituyen será una suma de individuos, pero no es una sociedad sana. Un Gobierno, el de Navarra en este caso, que se lava las manos y mira para otro lado, dejando sin solución un problema tan grave como el de la vivienda, es un mal gobierno.

Los autores son integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Navarra