Todos los años se publica el Índice de Percepción de Corrupción en el sector público de distintos países. Las fuentes de estos datos las generan el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Los datos se mueven en el rango de 0 (máximo nivel de corrupción) a 100 (mínimo nivel). Estas fuentes cubren: sobornos, malversación de fondos públicos, funcionarios que utilizan sus cargos para lucrarse sin consecuencias, capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción en el sector público, nepotismo en el nombramiento de funcionarios, legislación que garantice la transparencia de las finanzas y posibles conflictos de intereses de los cargos públicos, acceso a la información sobre asuntos públicos de interés ciudadano y actividades de gobierno.
No se incluye en estos datos: fraude fiscal, movimientos ilícitos de fondos, blanqueo de fondos, entre otros. Dinamarca en 2022 con un índice de 90, ocupa el primer lugar, seguidos de Finlandia y Nueva Zelanda, ambos con 87. En los últimos puestos se encuentran: Sudán del Sur (13), Siria (13), Somalia (12), afectados con prolongados conflictos armados. Llama la atención en este año el descenso de Reino Unido (73), Qatar (58), Guatemala (24), todos ellos alcanzando niveles mínimos históricos.
En cuanto a España, ocupa el puesto 35, con un índice de 60. En 1995, ocupa el puesto 26, con un índice de 44. Ello quiere decir que hemos mejorado en menor corrupción, pero que también muchos países no han pasado al tener mejores datos. Queda mucho por hacer en esta materia de corrupción, tras los distintos escándalos vividos desde el inicio del siglo XXI. Poco o casi nada se habla de este tema en la campaña electoral. Gestionar de forma adecuada y eficaz los impuestos es garantía de una democracia saludable y sostenible.
