La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce desde hace años la obesidad como una enfermedad crónica, compleja y multifactorial. No se trata solo de una cuestión estética, sino de un grave problema de salud que aumenta el riesgo de padecer diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, problemas traumatológicos (como artrosis, desgaste de articulaciones o dolores crónicos de espalda y rodillas) e incluso ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, quienes la sufrimos o convivimos con personas que la padecen seguimos encontrando enormes barreras para recibir ayuda médica efectiva.
La Seguridad Social no cubre de forma adecuada los tratamientos integrales que la obesidad requiere. Las dietas personalizadas, el seguimiento psicológico, los programas de educación alimentaria o las intervenciones médicas especializadas quedan fuera del alcance de muchas personas por motivos económicos. A esto se suma la falta de ayudas económicas específicas, lo que obliga a los pacientes a sufragar totalmente los gastos de tratamientos, medicación, asesoramiento nutricional o cirugía bariátrica, cuando esta última es necesaria.
Esta situación es profundamente injusta. Resulta incoherente que, mientras se destinan recursos a tratar las enfermedades derivadas de la obesidad, no se invierta en su prevención y tratamiento desde el principio. La falta de apoyo institucional no solo perpetúa el problema, sino que agrava sus consecuencias físicas, emocionales y sociales. Es urgente que las administraciones sanitarias reconozcan la obesidad como una prioridad de salud pública y ofrezcan un abordaje real, humano y multidisciplinar, acompañado de ayudas económicas que garanticen la igualdad de acceso a los tratamientos. La obesidad no es una falta de voluntad ni un problema individual: es una enfermedad. Y como tal, debe ser tratada con la misma seriedad, empatía y cobertura sanitaria que cualquier otra.
