Hace unos días, a través del periódico y de las redes sociales, supe del nuevo bono cultural presentado por elAyuntamiento de Pamplona. La noticia me llenó de ilusión, puesto que toda iniciativa que fomente el consumo cultural y apoye al comercio local me parece digna de reconocimiento. Siempre he participado activamente en nuestra cultura, por ejemplo, acudiendo a librerías locales o yendo al cine, al que intento asistir cada semana, con la voluntad de apoyar y cuidar el arte.
Sin embargo, hoy descubrí, casi como si se tratara de la letra pequeña de un contrato, que este bono cultural está dirigido en primer lugar a personas empadronadas en la ciudad y que solo en caso de que, pasados unos días, queden bonos sin solicitar, podrán acceder a ellos quienes residimos en los municipios cercanos. Es decir, nuestra oportunidad dependerá de que sobre algo, como si fuéramos las sobras de un banquete, dejando fuera a numerosos jóvenes de las comarcas cercanas que, como yo, formamos parte activa de la vida cultural, social y económica de la capital. Resulta difícil no sentir cierta injusticia ante esta decisión. Porque quienes hacemos vida cotidiana en la ciudad y contribuimos a su dinamismo quedemos excluidos por el mero hecho administrativo de residir en sus alrededores. Como si la pertenencia se midiera únicamente por un padrón municipal y no por la implicación real y constante. No es, además, la primera vez que ocurre. En diferentes concursos de escritura o fotografía también se ha repetido esta división, donde tan solo personas empadronadas pueden participar, como si el talento entendiera de límites geográficos.
Tal vez iniciativas como estos bonos culturales, que acogemos con gratitud y esperanza, deberían aspirar a ser más inclusivas y reflejar la realidad de quienes construimos la ciudad día a día. Porque la cultura no reconoce fronteras administrativas; pertenece a todos aquellos que la sostienen, la consumen y la aman.