En Pamplona siempre les dan. Barcina, palos. Asiron, locales. Ambos comportamientos son excesivos. El Ayuntamiento de Pamplona consintió que el frontón Euskal Jai de la calle San Agustín progresara en su imparable deterioro hacia la ruina. Al final del proceso, Barcina desalojó a golpes a los okupas, puso en riesgo la seguridad de algunos -encaramados en la estructura metálica del techo- y derribó sin contemplaciones un edificio digno de ser conservado por determinadas características arquitectónicas y por simbolismo deportivo. Lamentable. Cicatriz histórica en el urbanismo pamplonés. El alcalde actual se encontró a los seis meses de su mandato con la okupación de un edificio en la calle Compañía. El equipo de gobierno conocía las intenciones de algunos movimientos juveniles y custodió locales emblemáticos vacíos de titularidad municipal. La propiedad del inmueble finalmente okupado corresponde al Gobierno Foral, que lo tiene destinado a viviendas rehabilitadas. La solución municipal ha consistido en ceder a los okupas el llamado chalet de Caparroso (planta baja y dos pisos), cerca de donde Cervera buscó el sobre. Con derecho a prórroga en la okupación ilegal mientras se arreglan conforme a derecho los papeles de la cesión. Los locales públicos vacíos ofenden cuando hay carencias en dotaciones de diversa índole. También de atención a la juventud. Las instituciones han de ser cuidadosas en su conservación, eficaces en su protección y ágiles en proporcionarles un destino social. Cambio en los modales, pero sin cambio en la falta de un modelo reglado. Bildu ha carecido de sentido de la anticipación para afrontar la asignatura de los gaztetxes, pendiente desde los albores de los ayuntamientos democráticos y oriunda de sus afines ideológicos. El nudo del problema está en la exigencia de autogestión. Ceder ante la presión ilegal, método equivocado y precedente delicado. Los okupas se han salido con la suya. La paz social se compra.
