Artículo constitucional incumplido: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". El parque de vivienda pública y el mercado inmobiliario lo desmienten de modo categórico. Un cuento. Sangrante. La colaboración público-privada en materia de vivienda concluye en parche para las políticas sociales y en negocio para promotores e inversores. Existe un capitalismo de voracidad insaciable, que especula para el incremento patrimonial y de beneficios. Sin alma. Las sociedades de inversión se conocen en lenguaje coloquial como fondos buitre. No es una metáfora ociosa. Lo tremendo es que nuestros propios ahorros pueden formar parte de esos agresivos capitales circulantes. El circuito es perverso: el Gobierno promueve vivienda de protección oficial en la modalidad de alquiler, financia al promotor constructor, y subvenciona el alquiler al inquilino. Vencido un plazo establecido, el edificio pierde esa calificación y sus viviendas pasan al mercado libre. En venta o en alquiler con fuerte subida de la renta. La situación se retrotrae al origen: personas con problemas para el acceso a la vivienda. Decenas de familias, centenares de personas, se encuentran afectadas por ese derrotero en varios barrios de Pamplona. Gobierno y fondo inversor han pactado un apaño a siete años vista. Aplaca la indignación social, protege la imagen corporativa del fondo y un alto nivel de ocupación e ingresos, y adorna la sensibilidad social del Ejecutivo. Consejero Aierdi (Josemari): "Ahora se trabaja en otro modelo de promoción de vivienda de alquiler: en parcelas del Gobierno, para que el promotor privado construya y, una vez que finalice la vigencia del contrato, pasen a la gestión pública". Amén.
