Al banquillo la política cómplice

con la precisión de un relojero suizo, aunque las esposas en alguno de los detenidos hayan estado de más, el juez Otamendi acomete a una velocidad de vértigo -que ya quisiéramos para otras causas donde se ventilan latrocinios mayores- la instrucción del caso Osasuna, con doce imputados ya. Un procedimiento imprescindible para dilucidar si el capital extraído de la caja del club con justificaciones artificiosas ha ido a parar a los bolsillos de exdirectivos, a los de los equipos primados o a unos y otros, delitos para los que se prevén hasta seis años de cárcel en el supuesto de apropiación indebida y hasta cuatro por corrupción de particulares, más el descenso automático de acreditarse amaños. Caiga pues todo el peso de la ley sobre los culpables, siempre en el contexto de un proceso garantista, también en el caso del chivato Vizcay porque su confesión no puede equivaler a impunidad como gerente del club durante dos decenios largos. Sin embargo, el de Osasuna es también un mayúsculo escándalo político porque Hacienda permitió evacuar fondos para comprar partidos, según el delator Vizcay, y en general “miró hacia otro lado”, de acuerdo a la testifical de Izco, rector del club mientras Sanz lo fue de Navarra. Todo en el marco de una década, la pasada, de una conchabanza gubernamental merecedora de banquillo, personificada al menos en el propio Sanz y en el exconsejero Miranda siquiera en calidad de testigos. Porque la rapiña en Osasuna difícilmente hubiera mediado sin como mínimo un cierto encubrimiento de la Diputación, que cooperó para que Can nutriera al club con 120 millones de 2000 a 2011 -excluido el crédito fantasma de 55- y le facultó a endeudarse por encima de los 50. Hasta qué punto llegó la cobertura que el dueño fáctico de Osasuna, como acreedor principal, es el Gobierno, obligado a administrar el club si concurre un vacío de poder previsible por el rechazo de la actual directiva a avalar los preceptivos 1,75 millones ante el riesgo de ejecución fulminante. La incógnita radica en si el juez tendrá arrestos para citar a los cómplices, aun por omisión, de este pavoroso chandrío.